PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALTERNATIVO
FORO POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO INTEGRAL
Comunidades de la RED de ALTERNATIVAS. (REDA)
Unos 1200 representantes, pertenecientes a distintos sectores de la sociedad civil, participaron entre del 17 al 19 de Diciembre en un “Foro de desarrollo agrario integral” organizado por la Univ. Nacional y las NN.UU. en Colombia, con el objetivo de elaborar propuestas a presentar en la MESA DE DIÁLOGO GOBIERNO-FARC-EP, en la Habana, en torno al primer punto de su Agenda, el problema de la tierra y el desarrollo agrario. Es ésta una cuestión que se encuentra en el origen del conflicto armado colombiano y cuya resolución condiciona la supervivencia de las comunidades campesinas.
Que éste sea un asunto nuclear para una paz basada en la justicia, lo testifica el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2011, cuando subraya que “Colombia es uno de los países con más alta desigualdad, en el que urge revisar el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores del campo .…., el espacio geográfico, su relación con el medio ambiente, la tierra, quienes la trabajan y quienes quedan excluidos de ella»
En ese Foro, la Red Alternativa de comunidades campesinas (REDA) ha presentado una propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial Alternativo (POTA) digno de la mayor atención. Las propuestas se centran en cuatro grandes capítulos:
I) RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SOBRE LA TIERRA
Es el punto de partida, pues el acceso a la propiedad de la tierra sigue condicionando todo lo demás. Las estadísticas oficiales señalan que la estructura de la propiedad de la tierra en Colombia se caracteriza por el incremento acelerado de la concentración de la propiedad: un 1.15% de los propietarios concentran más del 52% de la tierra, mientras que el 79% de los poseedores de microfundios, apenas disponen del 10.59%. Y lo peor: desde 1999 hasta 2009, la brecha existente entre la pequeña propiedad y la gran propiedad se cuadriplicó a favor de ésta.
Fijándose en los cinco departamentos donde la REDA tiene mayor presencia, el predominio de la gran propiedad presenta estos valores: En el dep. de Valle el 72.5% de la tierra pertenece a la gran propiedad; en Putumayo supone el 72.1%; en Chocó, el 65.5%, y en Cauca, el 53.7%.
En contraste, la tenencia de tierra de la mayoría de las comunidades tienen valores inferiores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF), que es el criterio mínimo de acceso a la tierra que garantizaría ingresos cercanos a tres salarios mínimos
Estos procesos de concentración han crecido en las últimas décadas a causa del desplazamiento forzado de los campesinos (por el paramilitarismo) y las distintas modalidades de despojo.
Frente a esta situación, las comunidades campesinas de REDA reivindican:
1. Una reforma institucional en distintos niveles.
2. Una mejor recolección de pruebas y revisión de casos sobre despojo, que favorezca a los procesos de restitución de las tierras.
3. Definición de los usos de la tierra bajo principios de bienestar social, regulación ambiental y regeneración de recursos
4. Una legislación clara en materia de avalúo catastral e impuesto predial que regule el acceso a la tierra y la creciente tendencia a la privatización de recursos críticos como el agua, los minerales y la biodiversidad
5. Solución al problema de la “informalidad en la tenencia de la tierra”, los títulos colectivos…, etc.
6. El apoyo a iniciativas de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que han decidido retornar o permanecen en el territorio bajo mecanismos de Zonas Humanitaria, Espacios de refugio; resguardos Humanitarios, Zonas de Biodiversidad.
7. Que las comunidades campesinas puedan participar en los planes que afecten a sus territorios, respetando criterios ambientales y de diversificación.
El doc. recoge, por otro lado, cómo los habitantes rurales o en territorios de altísimo valor ambiental han visto limitados sus derechos a la tierra por la implementación de iniciativas de explotación y por obras de infraestructura y agronegocios que afectan a sus territorios. En tal sentido, solicitan al Estado
-que las grandes obras de infraestructura sean sometidas a la Consulta previa de las comunidades afectadas y a los estudios de impacto socio ambiental;
-que en ningún caso, los usos de los predios colectivos reconocidos a las comunidades queden subordinados a servicios empresariales privados;
-No desarrollar operaciones extractivas bajo ningún criterio en Zonas de Reserva Forestal, fuentes de agua y ojos de agua ni páramos.
En cuanto a la Restitución de tierras, se reclama garantizar una mayor participación de las víctimas, y fortalecer las organizaciones y procesos colectivos de reclamación y restitución de tierras con garantías lo que significa enfrentarse a ocupantes de mala fe (paramilitares) con mecanismos expeditos.
II) USOS Y REGLAMENTACIÓN DEL SUELO
Se apuesta por procesos de caracterización territorial, tales como:
-La definición de suelos de importancia estratégica como bosques y cuencas hidrográficas.
-La definición de áreas de conservación ecológica que afecten a recursos estratégicos
-El fortalecimiento de las entidades territoriales étnicas, reconociéndoles autonomía plena para la administración de recursos e iniciativas acordes a sus particularidades culturales, sociales y políticas.
-Establecimiento de áreas de impacto ambiental sensible a consecuencia del cambio climático, pérdida de fuentes hídricas, perdida de suelos, procesos erosivos, contaminación de agua y pérdida de biodiversidad biológica.
III) RECUPERACIÓN y ADECUACIÓN de SUELOS
Colombia dispone de más de 20 millones de hectáreas con capacidad productiva, de las cuales cultiva menos de 5 millones. El POTA aborda también este ancestral problema, destacando que los procesos de recuperación de suelos deben contemplar:
1. Intervención pública en suelos ociosos, con miras a la redistribución de tierras.
2. Intervención en proyectos de inversión consolidados en zonas espurias.
3. Recuperación de suelos con conflictos de uso.
4. Recuperación de suelos deteriorados por impactos ambientales, que vienen siendo priorizados dentro de los planes y prioridades de las comunidades.
5. Recuperación de zonas deterioradas a causa del conflicto (fumigación, muse, etc.)
IV) CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION RURAL
En las comunidades campesinas el hacinamiento, las viviendas insalubres, las precarias condiciones sanitarias, la desescolarización y la incapacidad de subsistencia dan cuenta de un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) muy alto. Los más altos se concentran en Chocó, con un índice de 94,4%, seguida de Antioquia, municipios de Dabeiba y Murindó con 86,3% y Putumayo 78,7%.
Los ingresos obtenidos de la Agricultura no superan el salario mínimo mensual vigente. Dado que en un alto porcentaje de los hogares tienen en promedio 5 miembros; las condiciones de bienestar son inferiores al mínimo necesario para la supervivencia.
De otra parte, los usos y costumbres ancestrales que han garantizado hasta hoy un modelo de desarrollo sostenible se ven amenazados por la negación constante de los derechos que garantizan esos mínimos vitales suficientes para generar condiciones de vida digna.
Por ello, el Informe plantea la necesidad de garantizar un modelo de desarrollo integral y sostenible que proteja las condiciones materiales y jurídicas de acceso a la tierra; que respete la producción tradicional local; que fortalezca las experiencias de economía justa y solidaria; que posibilite la comercialización de productos agropecuarios en condiciones justas; y que mejore urgentemente las condiciones de vida para mayores y personas con discapacidad
Y como el desarrollo social sólo es posible si es integral, para avanzar hacia unas condiciones de vida digna, el POTA reclama:
a) Mejora del sistema de salud en las diferentes localidades
b) Ampliación de cobertura en el sistema de educación
c) Una red vial que permita y garantice no solo la movilidad, sino el acceso a derechos fundamentales como educación, salud, vivienda, trabajo, comercialización de productos.
d) Un plan de saneamiento y manejo de vertidos
e) Mejoras sostenidas del hábitat. (El 90% de las viviendas carecen de un sistema básico de saneamiento y de electrificación).
f) Un plan para garantizar agua potable.
g) Sistemas de electrificación alternativos mediante plantas solares.
h) Estrategias de acceso a medios de comunicación, (redes de Internet, radios comunitarias y televisión comunitaria.
i) Fomento de la dimensión cultural y artística.
Tras este esfuerzo de participación social en el Proceso de Paz, sólo queda esperar que la voluntad política de los negociadores convierta en realidad “el reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos específicos y actor social diferencial, con identidad propia y pluricultural”. Porque la paz en Colombia “es una necesidad para todo el país y de manera prioritaria para quienes… sufren las muertes, junto con la desestructuración de sus comunidades, economías, infraestructuras, culturas, territorios y procesos organizativos” (Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC)
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