Para este fin de año queremos agradecerles a todas y todos Ustedes por su compromiso y atención a la labor de la Comisión Ética de Colombia que esta pasando por un crisis financiera lo que nos impidió organizar una visita a Colombia este año, entre otros debido a los cambios en la cooperación internacional hacia Colombia que cada vez será menos.
Sin embargo la coyuntura sigue siendo muy adversa para las victimas de crímenes de estado en Colombia, y en especial para las comunidades que forman parte de esta propuesta de resistencia y memoria.
A pesar del gran despliegue mediático de la Ley de Victima para las “victimas del conflicto armado interno en Colombia “ que entrará en vigor el 1 de enero 2012, y el cual, según el presidente Santos, es único en el mundo, entre otros porque se da en el marco de un conflicto armado existente, la realidad para las comunidades y las victimas ha sido diferente: en el ultimo año se han asesinado mas de 20 lideres en procesos de restitución de tierras, y en general ha habido una represión continuada contra defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, judicializaciones y señalamientos hacia su labor.
Hay múltiples críticas a la ley de victimas para solo enumerar algunas: Las indemnizaciones solo se dan a victimas de hechos ocurridos a partir del 1985. El derecho a la restitución de tierras solo para desplazamientos a partir de 1991. Existe además una figura que impide el retorno de los despojados a sus terrenos, si éstos han sido ocupados de buena fe por empresarios agroindustriales que estén desarrollando sus proyectos allí, los despojados recibirán el título de la tierra y a través de un contrato de uso, se les pagará una suma mensual por el usufructo de la tierra por parte del actual dueño. No se tienen previstos medidas específicas para las miles de victimas de desaparición forzada. Quien recibe indemnizaciones renuncia a su derecho a la reparación integral en el marco de un proceso a nivel internacional. No están incluidas las victimas de los grupos paramilitares actuales con el argumento que se trata de bandas criminales (BACRIM).
El hecho de que el gobierno Santos reconozca la existencia de un conflicto armado interno fue valorado un avance en comparación con el gobierno anterior, sin embargo llevó a que muchos crímenes cometidos se subsuman ahora al conflicto interno ocultando que en muchos casos se trata de crímenes de terrorismo de estado, de un conflicto social y político contra la población civil indefensa, contra opositores políticos al régimen. A la vez este reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno es aprovechado para presentar en el congreso un acto legislativo “de marco legal para la paz” que busca reformar la constitución y daría lugar a que el gobierno pueda dar “un tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades”; ya se está hablando de penas de 5 a 8 años máximo (igual a la Ley de Justicia y Paz aplicables a los militares en el marco de un proceso de paz. ¡Un nuevo instrumento de impunidad disfrazado de un mecanismo de justicia transicional en pro de la paz y la reconciliación! La ley 1424 de 2010 que provee de un marco jurídico para resolver la situación judicial de mas de 24000 paramilitares que no cometieron delitos de lesa humanidad y no fueron incluidos en el proceso de la ley de Justicia y Paz, es otro mecanismo de impunidad. Esta ley prevé que los desmovilizados solo serán imputados del delito de concierto para delinquir, se les suspenderán órdenes de captura y condenas vigentes y deberán, a cambio, contribuir con la construcción de la verdad, en un mecanismo que no tendrá consecuencias jurídicas ni penales, y suscribir compromisos con los programas de reintegración ofrecidos por el Estado. La información entregada por los paramilitares (y teóricamente guerrilleros) será sistematizada por el Centro de Memoria Histórica creado por la Ley de Víctimas y dirigida por Gonzalo Sánchez quien fue el presidente del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación cuyo mandato culmina este año.
Esa es la propuesta estatal de Comisión de la Verdad para Colombia: una comisión nutrida por las declaraciones de los paramilitares. Desafortunadamente el debate de la propuesta de Comisión de la Verdad a la cual ustedes aportaron no se dio por que la capacidad del MOVICE fue absorbida con debates sobre la ley de victimas y su reglamentación. Estamos mirando la posibilidad de avanzar al respecto en el 2012 para al menos dejar constancia que existen otras propuestas desde las victimas.
A nivel legislativo preocupa igualmente el debate sobre la ampliación del fuero militar, si bien el Ministro de Justicia afirma que esa ampliación no aplicaría para violaciones de los derechos humanos se propone que sea primero la Justicia Penal Militar que decide si se trata de un delito cometido en el marco del servicio o si se trata de una violación de los derechos humanos. La “democracia mas antigua de América Latina” muestra nuevamente lo susceptible que es a al presión de los militares – sin que haya necesidad que ellos asumen formalmente el poder – ya que ha habido algunas pocas condenas ejemplares de 25, 30, 25 años contra altos mandos militares por violaciones a los DDHH como en el caso de las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia, la masacre de Mapiripan etc.
La campaña de estigmatización de la defensa de derechos humanos continua siendo las mismas no expresión de unas afirmaciones poco afortunadas o sin intencionalidad sino parte de una estrategia orquestado por generales como el director de la maestría en derechos humanos de las fuerzas militares en su articulo “La guerra invisible” donde acusan a las ONGs de derechos humanos de la guerra jurídica contra las fuerzas militares, con supuestas desacreditaciones, inventos de crímenes, compra de victimas y testigos o invento de falsas victimas mencionando a ONGs de DDHH como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas y nuestra Comisión de Justicia y paz, entre otros.
Esta ultima acusación tuvo un primer boom mediático y de persecución con la aparición de una falsa victimas de la Masacre de Mapiripan, cuyos dos familiares desaparecidos aparecieron vivos después de que la señora había cobrado una indemnización millonaria por la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH y quien afirmó que los peticionarios, el Colectivo José Alvear Restrepo supo de ese engaña animándola de no decir nada. Si bien la reacción de la CIDH y la Corte IDH fue muy sensata al señalar que es deber del estado de determinar las victimas de unos hechos y que fue el mismo estado que primero reconoció a la señora, se ha producido un daño muy grande y el gobierno logró varios objetivos: 1. Poner en duda la gravedad de ciertos hechos, por ejemplo los masacres como Mapiripán; 2. Desacreditar y poner en duda la ética de las ONGs de DDHH que supuestamente se enriquecen con las victimas desangrando al pobre estado colombiano con las demandas (internacionales) 3. Crear rechazo en la sociedad hacia las ONGs y minar la confianza entre abogad@s de ONGs y las victimas. 4. Ataque al sistema internacional de protección de los DDHH, y en especifico al sistema interamericano de DDHH para desmantelar los procedimientos y alcances de sus sentencias (desafortunadamente con esta critica se encuentra en compañía con otros estados latinoamericanos como Brasil, Venezuela, Ecuador, Argentina entre otros).
Algo similar sucedió con el cuestionamiento de la existencia de un desplazamiento masivo en las Pavas, Sur de Bolívar, y se sabe de la existencia de una lista de casos (entre ellos el bombardeo por parte de las fuerzas militares de Santo Domingo – a cuyas victimas la Comisión Ética recordó en su acto de dignificación delante de la base militar estadounidense de Tolemeida y caso que acaba de ser admitido ante la Corte Interamericana; los masacres de Trujillo (primer caso en que un presidente colombiano pidió perdón publico); y en el pueblo indígena de Las Uwa etc.)
En materia de una futura paz para Colombia había avances y retrocesos. La gestión de Colombianas y Colombianos por la paz con las liberaciones unilaterales de personas secuestradas por parte de las FARC-EP y afirmaciones tanto de las FARC-EP como del ELN de buscar salidas negociadas al conflicto armado, los eventos sobre tierras, territorios y Paz en Barrancabermeja y Cali con miles de participantes fueron pasos importantes al respecto. Por el otro lado los operativos militares que terminaron con la muerte de líderes de las FARC, y en el caso de Alfonso Cano con su ejecución siendo ya en una situación de indefensión con el respectivo triunfalismo oficial que por fin llevó hasta a pronunciamientos críticos del arzobispo de Cali, así como la muerte de tres militares en manos de las FARC debido al intento de un rescate militar, demuestran los obstáculos enormes para un proceso de paz en Colombia.
Paralelamente, como en todos los países, avanza por supuesto la implementación del modelo económico capitalista y neoliberal, en el caso de Colombia con las locomotoras económicas de la minería, petróleo y agroindustria, entre otras.
Eso tiene consecuencias para varias comunidades que han sido visitadas por la Comisión Ética:
Cacarica: arranque de la construcción de la Panamericana que pasa por el territorio colectivo, sin que haya habido consulta previa; se han intensificado combates entre ejercito y guerrilla de las FARC-EP en el territorio, pero ante todo re-apareció el reten paramilitar en pleno rio Atrato con bloqueo económico, retenciones y señalamientos hacia CAVIDA, antecedentes que se dieron en 1996 / 1997 precediendo la Operación Génesis que desplazó a mas de 3500 personas en la región.
Ante la impunidad total el caso del asesinato de Marino López / operación Génesis acaba de ser aceptado en la Corte Interamericana de DDHH y será el primer caso que trata de comunidades afrodescendientes en este sistema de DDHH.
Curvaradó / Jiguamiandó: a pesar de ser – de acuerdo al gobierno colombiano- el proceso ejemplar de restitución de tierras, esta no se ha hecho efectiva y por lo contrario hay serios problemas: dos desapariciones forzadas, varios asesinatos, 33 lideres amenazados de muerte; continua la invasión y ocupación ilegal de una parte del territorio de la comunidad de Camelias en el Curvaradó; siguen avanzando los cultivos de plátano, de coca y hay nuevas plantaciones de palma; en el proceso penal contra empresarios, compradores de tierras etc. no ha habido avances significativos.
Otros retrocesos: El fiscal que investiga el caso de acoso sexual a Paola Meneses de Argelia, Cauca quiso cerrar la investigación por no creer que haya pasado el hecho!
Algunos pequeños avances:
Comuna 13 Medellín: el general Montoya ha sido llamado a indagatoria por los crímenes cometidos en el marco de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín (desapariciones forzadas, asesinatos), acusados entre otros por el extraditado jefe paramilitar Diego Murillo (alias Don Berna) de haber organizado la participación de su grupo paramilitar en ese operativo militar que por mucho tiempo fue manejado como ejemplar para recuperar el control de esa comuna.
Finca Alemania, Sucre: Si bien por falencias en la investigación adelantada por la Fiscalía en el caso del asesinato del líder de la finca la Alemania Rogelio Martínez fue absuelto el único detenido de este crimen, se ha logrado una tutela en favor de la Finca la Alemania que les ayuda a evitar el embargo de la finca y servirá para buscar un arreglo para el pago de la deuda.
Desaparecidos de Argelia, Cauca: la fiscalía tiene la ubicación de sitios donde pueden estar enterrados los 6 familiares de las familias organizadas de Argelia. Se esta pendiente de la programación de la diligencia de exhumación y se esta pelando el derecho de los familiares a participar en las mismas. Durará meses hasta tener la confirmación que realmente se trata de sus familiares. Mientras tantos varios implicados en esas desapariciones forzadas están en la cárcel por el delito de narcotráfico, algunos pedidos en extradición a EEUU, realizándose gestiones para impedirlo.
Con este pequeño resumen les queremos mantener actualizados acerca de sucesos importantes para su labor. La próxima acción de la Comisión Ética es el apoyo a y ojala participación en el recorrido ecuménico y ecológico por el Curvaradó y Jiguamiandó del 10 al 15 de febrero 2012 para el cual tod@s están cordialmente invitad@s. Lamentamos que seguimos sin posibilidad de financiar los viajes de ustedes. Esperamos sin embargo contar con la presencia de algunos de ustedes.
Les deseamos a cada uno, sus familias, organizaciones y amistades un feliz año 2012 con ojalá más verdad, justicia, y el aumento de movilizaciones, acciones de resistencia y dignificación para otro mundo posible