Es evidente que el PP ha venido jugando con fuego en materia de terrorismo durante demasiados años. El rédito electoral que le producía la situación de violencia política desgraciadamente le reportaba muchos más beneficios que los problemas derivados de la propia existencia del conflicto armado. La doctrina Parot es un efecto claro de esa dinámica en la que también el PSOE ha tomado parte, de forma más sutil, pero lamentable igualmente.

Ahora que el Tribunal de Estrasburgo ha puesto fin al entuerto, cada uno trata de salir airoso del desmán aplicado para ganar los votos de la ira. Pero naturalmente el PP lo tiene mucho más difícil porque su utilización de las víctimas ha sido descomunal.

La doctrina Parot, además de ser un engendro jurídico que nuestros órganos jurisdiccionales no tuvieron la coherencia de frenar en el momento adecuado, fue un engaño político para ganar tiempo con atajos impropios del Estado de Derecho y dar a las víctimas un mensaje equivocado y falaz para consumar su apoyo político-electoral.

A causa de esos intereses bastardos se ha tergiversado gravemente el papel social de las víctimas, dándoles un espacio político injustificado, mientras se racaneaba con los verdaderos apoyos materiales, sociales y técnicos que ese colectivo humano necesita. La solidaridad con ellas no consiste en condicionar los intereses generales a su modo de pensar, lógicamente poco objetivo respecto al problema, sino en reconstruir lo mejor posible su situación humana y económica para contrapesar el dolor y las carencias derivadas de su caso concreto.

Por tanto, las víctimas no deben jugar un rol político; eso introduce un punto de subjetividad e irracionalidad en las soluciones políticas objetivas que nunca se puede lograr desde el inevitable afán de venganza, que en su caso puede ser justificado, pero nunca en el de los poderes públicos, que han de buscar fórmulas objetivas de convivencia hacia el futuro.

Cabe confiar desde ahora que, a la vista de la reciente sentencia, se actúe con plena legalidad y se resuelvan en muy breve plazo todos los casos pendientes y quede así saldada esta cuestión penitenciaria que pesaba como una losa sobre el nuevo contexto de paz alcanzado hace ya dos años. Pero sin la claridad esperable de los jueces, este Gobierno aún puede patinar, dado su ventajismo político y su dependencia electoral del problema vasco.

Estos criterios están pesando en exceso sobre la marcha de otros procesos en la Audiencia Nacional, derivados de la situación anterior como los comenzados en San Fernando de Henares los días 14 y 17 de octubre, relativos a los procesados de la organización juvenil Segi y del caso de las Herriko-tabernas, donde la impronta marcada en su día por Baltasar Garzón, en el sentido de que “todo es ETA en el entorno social abertzale”, supone hoy una carga de profundidad contra la normalización política de Euskadi y contra una paz duradera. Un total de 190 personas implicadas en estos juicios políticos, por más que se quiera negar, es un abuso de derecho y de poder injustificable, máxime en tiempos de paz estable. Tan estable que el Gobierno vasco acaba de suprimir en el organigrama de la Ertzaintza la oficina antiterrorista por la afortunada desaparición de la actividad armada de ETA. Más aún, todo parece indicar, como señalaba hace pocos días Pernando Barrena, dirigente de Sortu, que en breve la banda armada va a ofrecer un nuevo paso hacia su desarme y disolución. Por ello, es necesario estimular ese proceso y no poner palos en las ruedas a una pacificación inexorable, pero que ya conviene agilizar para la plena normalización y para la reconstrucción de la convivencia democrática.

Las manifestaciones de Bilbao y Madrid del pasado 26 de octubre contra los juicios políticos de Euskal Herria y contra la persecución de Herrira, organismo de defensa de los derechos de los presos, deben abrir los ojos sobre la necesidad de cambiar el chip sobre la política vasca del Gobierno Rajoy y tener el valor de aceptar que estamos en un nuevo escenario, digno de ser tomado en consideración con todas las consecuencias, para que, definitivamente, la democracia sea el único espacio a compartir por todos.

Fdo.: Ricardo Gayol García. Abogado.