El COLECTIVO PAX -integrado por más de 180 entidades religiosas, cristianas, evangélicas y laicas- convoca, para el próximo jueves 22 de febrero, a un acto bajo el lema “En nombre de la humanidad, cese el genocidio”.

Ante la sede diplomática de Israel en Madrid, las entidades interreligiosas exigirán el cese de la compra y venta de armas a Israel, el cese de la violación de los derechos de palestinos y palestinas y apoyar las iniciativas de Sudáfrica ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investigue y castigue a los responsables de este genocidio.

DIA: JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2024

HORA: 18.00 HORAS

LUGAR: EMBAJADA DE ISRAEL EN MADRID. Calle Velázquez 150. Metro: República Argentina (Línea 6). Bus 16

18 de Julio, 20 horas.

Puerta del Sol de Madrid

La Campaña #NiValleNiAlmudena, respaldada por más de 100 organizaciones y colectivos memorialistas y de víctimas del franquismo, organizaciones vecinales, feministas, cristianas, ecologistas, políticas, sindicales, culturales, etc… ha convocado un acto público -coincidiendo con el 83 aniversario del golpe militar contra el régimen democrático y legal de la 2ª República- el próximo 18 de Julio desde las 20:00 horas, en la Puerta del Sol de Madrid. En dicho acto vamos a exigir la condena unánime de las instituciones al golpe militar y a la dictadura franquista, así como la salida de los restos de Franco de Cuelgamuros, para que sean trasladados a un emplazamiento que no pueda convertirse en lugar de homenaje y exaltación.

ada día que Franco pasa en Cuelgamuros constituye un insulto a la sociedad española y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas. La exhumación de los restos mortales del dictador es un acto de Justicia, y una medida de reparación moral y simbólica de las víctimas de la dictadura. Además, es un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos, como han puesto de manifiesto diversos organismos internacionales, que han solicitado a España dicha exhumación.

Como ya defendimos a las puertas del Tribunal Supremo el pasado 4 de junio, creemos que el alto Tribunal hubiera debido rechazar en su auto la medida cautelar solicitada por la familia Franco, de suspensión de la exhumación y traslado programados por el Gobierno, puesto que el objetivo de los diversos recursos presentados por la familia del dictador y por la Fundación que lleva su nombre, es dilatar el proceso. Esto debería haber sido, por sí mismo, causa de inadmisión de la petición.

Pero el Tribunal Supremo ha ido más lejos argumentando que se aprueba la medida cautelar porque la exhumación sería perjudicial para la familia y para el interés público, y que incluso hay coincidencia entre estos intereses, lo que supone un cinismo insultante. Resulta un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador, frente al desentendimiento del Estado de tantas víctimas del franquismo que todavía esperan justicia y reparación.

La adopción de medidas cautelares en un proceso judicial no supone ni puede suponer, en ningún caso, prejuzgar el fondo del asunto, como ha pasado en este auto. En conclusión, nos encontramos ante una decisión política, adoptada no según criterios jurídicos, sino en función de la ideología de los magistrados integrantes del tribunal.

También ha generado polémica la frase del auto donde se cataloga a Franco como “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”, al tiempo que se evita calificarlo como dictador, es decir, cabeza de un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época. Resulta inaceptable la equiparación que el Tribunal viene a hacer entre dictadura y democracia, al dar continuidad y validez –hasta el punto de servir de soporte argumental a la decisión final– a los efectos producidos por un golpe de Estado contra el régimen democrático republicano.

El Decreto-Ley sobre la exhumación de los restos del dictador fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2018, con sólo dos votos en contra. Por tanto, lo que ahora se está dilucidando es quién tiene realmente el poder en España: las instituciones democráticas o la familia Franco, sus fundaciones y abogados, financiados con el producto del expolio masivo de bienes públicos y privados llevado a cabo por la dictadura. Que la exhumación de Franco se lleve finalmente a cabo, tal y como fue acordada por el Parlamento, constituye hoy una prueba de fuego de la calidad de la democracia española.

Las pretensiones de la familia del traslado de los restos a la Almudena, son asimismo inaceptables. El enterramiento de Franco en un lugar público a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura organizaba los actos de exaltación del régimen, supondría una vejación y una humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad. Si finalmente se entierra al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta legítima, en un lugar de movilización antifascista. Todo ello tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de la ciudad, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.

Antes de su retirada, el Nuncio del Vaticano en Madrid se ha manifestado públicamente contra la exhumación de Franco, y ha proclamado como prioritarios los derechos y la voluntad de la familia. Sus afirmaciones constituyen una injerencia inaceptable en la soberanía popular representada en las Cortes, y muestran que la Iglesia oficial jamás ha dejado de posicionarse del lado de la impunidad del franquismo. La única declaración que las víctimas del franquismo y la sociedad española esperan de la Iglesia es una petición pública de perdón, por su participación activa en la represión desatada por los golpistas y su colaboración con la dictadura. El papel de la Iglesia, unido a la labor obstruccionista que ha podido ejercer el Prior del Valle en todo este proceso, demuestran la necesidad urgente de modificar las relaciones entre el Estado español y la Iglesia católica, en especial en lo que se refiere al estatus legal del Valle.

Las organizaciones que respaldamos la Campaña #NiValleNiAlmudena estamos comprometidas a continuar las acciones de concienciación y las movilizaciones, hasta conseguir la salida de los restos de Franco de la Basílica de Cuelgamuros y su inhumación definitiva en un lugar donde no pueda ser objeto de homenajes y actos de exaltación de su figura, ni de la dictadura que encabezó.

En caso de que el TS paralice la exhumación, estimando el recurso de la familia contra el Decreto-Ley convalidado por el Congreso en 2018, asumimos el compromiso de seguir trabajando para que el nuevo Gobierno y el Parlamento adopten inmediatamente las medias políticas y legales que permitan retomar el proceso de salida definitiva e irreversible de Franco de Cuelgamuros, con todas las garantías jurídicas.

#NiValleNiAlmudena   #18JYoCondeno