Con esa finalidad, venimos participando desde 2021 en un Espacio de Coordinación de Organizaciones de Solidaridad con Colombia que agrupa a más de treintena asociaciones de diversas CC. AA. y que comparte esfuerzos en torno a tres líneas de intervención:

• Apoyo incondicional al Proceso de Paz Total,
• Defensa de los Derechos Humanos de toda la población colombiana, y
• Vigilancia sobre los impactos negativos generados por los megaproyectos de   las  Empresas Trasnacionales sobre las comunidades campesinas colombianas y el Medio Ambiente.

En torno al primero de estos ejes, esa plataforma de asociaciones solidarias promovió en 2021 la constitución de un GRUPO INTERPARLAMENTARIO POR LA PAZ EN COLOMBIA, compuesto por más de 40 diputados, senadores y parlamentarios autonómicos de diferentes Grupos políticos, que ha desarrollado notable incidencia política a través de Pronunciamientos públicos de apoyo a la construcción de la paz y ha participado en Misiones de verificación democrática en ese país. Dicho Grupo Interparlamentario celebra encuentros anuales para definir estrategias de intervención periódica en torno al proceso de construcción de la Paz y tiene convocado el próximo Encuentro el 15 de Diciembre, en Barcelona  en la sede del Parlament catalán.

De otra parte, el Espacio de Coordinación citado mantenemos relaciones fluidas de cooperación con la Embajada de Colombia, con el objetivo de canalizar propuestas, notificar denuncias sobre violación de DD. HH. o colaborar con iniciativas de apoyo a la larga tarea de construcción de la  paz y la justicia.

Las conversaciones con el ELN, con las disidencias delas FARC, los grupos paramilitares y otras estructuras armadas de tipo delicuencial. Se trata de construir la paz a partir del diálogo.

Hay asesinatos de líderes y  de exguerrilleros en los territorios.

Hay oposición de algunas instituciones como El Fiscal General y la Procuraduría.

JyP está dedicando todas sus energías en tomar parte activa en la construcción de la paz en los territorios con los que ha trabajado promoviendo diálogos entre víctimas y victimarios, apoyando y formando a los dirigentes de las comunidades y sosteniendo humanitariamente las zonas dañadas por el efecto del cambio climático.

Nos comunicamos por zoom y nos piden nuestro apoyo en sus actos a través de videos o de cartas.

El grupo Colombia de la comunidad está centrando sus acciones en apoyar y dar a conocer la importancia del proceso de paz en Colombia. Hay mucha energía y esfuerzo de nuestros compañeros colombianos que no podemos dejar que se pierda en el vacío.

Como Comisión Etica firmamos varios manifiestos que nos piden desde Colombia.

Pincha en la imagen para acceder a la Nota de Prensa

Evitar que hagan trizas el acuerdo de paz es una necesidad urgente para que todos los colombianos construyan la paz

Entre el 9 y 23 de noviembre diversos integrantes de la Comisión Ética participamos en la 13ª visita a Colombia.

• Mirta Baravalle, Madre de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina
• Eduardo Nachman, de la Asociación Hijos, Mar de Plata, Argentina
• Charity Ryerson y Liz Deligio, SOAW, Observatorio de la Escuela de las Américas, USA
• Mary Bricker Jenkins, Poor Peoples Economic Human Rights Campaign, USA
• Paz Morales, de la Comisión Ética contra la tortura, Chile
• Yolaima, de GAIA, El Salvador
• Enrique Santiago Abogado asesor de las FARC en los Acuerdos de paz de La Habana, España
• Tica Font de La taula por Colombia. Barcelona, España
• Andrés Redondo y Pilar Sánchez  de la Asociación Comunidad Santo Tomás de Aquino. Madrid, España

• En esta ocasión escuchamos:
• –        A víctimas de Estado de Huila, Cauca, Valle, Chocó, Meta, Antioquia y Bogotá
• –        A ex integrantes de las fuerzas militares que participaron en planes criminales en los llamados “falsos positivos” o en  ejecuciones extrajudiciales
• –        A apoderados de reconocidos empresarios en el bajo Atrato, responsables del desplazamiento y del despojo y que compartieron la responsabilidad en algunos de los asesinatos de líderes comunitarios
• –        A defensoras de derechos humanos que participan en instancias nacionales de garantías para su labor y la de los líderes sociales
• –        A defensores de derechos humanos que trabajan en la identificación de fosas
• –        A expertas en justicia transicional y en el punto 5 del Acuerdo de Paz suscrito
• –        A expertos en los Planes de Desarrollo Territorial
• –        A la gestoría de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
• –        A líderes y lideresas estudiantiles de la actual movilización
• –        A líderes ambientales
• –        Al partido de las FARC
• –        A una expresión del movimiento de mujeres
• –        A presas políticas que estaban en huelga de hambre
• -A integrantes de la nueva institucionalidad como la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD) y a magistradas de la ley 975
• A senadores que promueven la paz y la justicia.
• Algunos participamos en la presentación de la propuesta de la Universidad de Paz y en los Foros de Educación Propia de comunidades originarias, negras y mestizas en Caracolí, Curbaradó, y en los actos de conmemoración de los 21 años del desplazamiento de La Balsita en Dabeiba.

Nuestras Observaciones más destacadas:

1- Nos vamos con preocupación ante la delicada situación que se observa en la implementación del Acuerdo con las FARC, tal como se refleja en:

a)  El asesinato de 86 de sus integrantes

b) La ausencia del debido proceso y garantías en el proceso de Zeuxis Pausias Hernández Solarte por la intervención equívoca, irregular y errada de la Fiscalía General de la Nación

c) La ausencia de eficacia para el desarrollo de las propuestas de reincorporación de los ex combatientes.

2- Nos deja una profunda inquietud las modificaciones que afectan al punto 5 de los Acuerdos sobre los derechos de las víctimas en relación con los derechos a la verdad y a la justicia.

a) La sustracción de las Fuerzas Militares del artículo 28 de la CPI

b) La propuesta de creación de una sala de juicio exclusiva para los militares en la JEP, con nueva normativa en contra del derecho internacional como el derecho operacional propuesto en el Congreso por el Centro Democrático

c) La exclusión de competencia de la JEP para investigar y sancionar a empresarios que hayan participado en planes y financiamiento de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra

d) Las campañas de desprestigio de las nuevas instituciones: la JEP y la CEV, en el inicio de su trabajo, son graves y desconocen el sentido de los Acuerdos.

3- Es muy duro constatar el incumplimiento de lo acordado en materia de tierras para los campesinos sin tierra

a) La acumulación de ésta en pocas manos se encuentra en el origen del conflicto armado, social, político y ambiental que ha padecido Colombia.

b) El fondo de tierras que debía entregar tres millones de hectáreas de tierra, sólo lo ha hecho con un poco más de 500 mil hectáreas

c) El catastro multipropósito para formalizar 7 millones de tierras fue hundido en el congreso

d) Igualmente se enredó en el congreso  una reforma política que eliminó lo acordado sobre las 16 curules de paz para las víctimas, que pretendían generar dinámicas de profundización de la democracia.

4- A la gravedad de estos temas se une, la crisis del diálogo político con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por unos obstáculos casi insalvables promovidos por el ejecutivo. Parecen desconocer la agenda acordada con el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que hace inviable pactar un cese al fuego y la concreción de la agenda sobre los puntos de participación en la sociedad, democracia, las transformaciones y las víctimas.  Conversaciones que llegarían a acordar el fin del conflicto y la implementación del acuerdo.

5- Con gran preocupación escuchamos la delicada situación que viven los líderes y lideresas: más de 360 asesinados, cientos de amenazados y sitiados, en Putumayo, Bajo Atrato, Catatumbo, Antioquia y Meta, en los dos años que han transcurrido desde la firma de los Acuerdos.

Conforme a los testimonios que escuchamos, existen serios indicios de responsabilidad de sectores empresariales despojadores, como responsables  de amenazas e incluso asesinatos a líderes en el Bajo Atrato, utilizando  mecanismos de tipo paramilitar.

Igualmente, nuevos grupos criminales y traficantes de drogas en Nariño, Putumayo, Catatumbo y Meta operan con la tolerancia y complicidad de la Fuerza Pública, oponiéndose a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y obstaculizando la construcción de paz territorial.

6- Es de particular preocupación en el caso de la toma del Palacio de Justicia en 1985, el dictaminar como un error lo que se presentó en la identificación de partes de los cuerpos sin vida, cuando hay pruebas de que fue consecuencia de un plan criminal, ejecutado por militares vestidos con batas blancas. Es escandaloso observar que los militares desaparecieron y asesinaron usando las insignias humanitarias de la Cruz Roja, entre otras aberraciones con las que asesinaron a los integrantes del M 19 y a personas ajenas a la confrontación.

7- Es indignante escuchar a presas políticas de la Cárcel del Buen Pastor en huelga de hambre, exigiendo un trato humanitario y respeto a su identidad como presas políticas ,ante la intención de la dirección del establecimiento de agruparlas en el mismo espacio con mujeres privadas de libertad por otros motivos, lo cual pudiera poner en riesgo su integridad física .

Ante estas situaciones concluimos:

1. Valoramos muy positivamente el Acuerdo alcanzado entre el Estado de Colombia y las FARC que podría responder a los derechos de las víctimas que abogan por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, desde la perspectiva del derecho restaurador.

2. Objetamos el conjunto de mecanismos que se han utilizado para deslegitimar y desmembrar el Acuerdo, con la exclusión de los ex-presidentes y de los empresarios de la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, y la pretensión de crear una sala para los militares.

3. Rechazamos las campañas de desprestigio contra la JEP y la CEV, que desarrolla el Fiscal General de la Nación y respaldamos la decisión de la JEP de recaudar el acervo probatorio para conocer del proceso de Zeuxis Pausias Hernández Solarte y tomar decisiones de fondo al respecto.

4. Invitamos a la JEP en sus aprendizajes en el corto tiempo a dar un tratamiento adecuado y respetuoso, equilibrado e igualitario, a todas las víctimas y a los comparecientes como parte de su misión y de su legitimidad.

5. Respaldamos la labor que empieza a realizar la UBPD, autónoma del ejecutivo, una labor que estará encaminada al cumplimiento de los derechos de las víctimas y a la reconstrucción de uno de los episodios más largos y violentos de la guerra: las personas dadas por desaparecidas.

6. Invitamos al Gobierno del presidente Iván Duque a retomar el diálogo con el ELN con disposición de seguir intentando la construcción de la paz completa, dadas las manifestaciones públicas de esta guerrilla de seguir conversando para llegar a acuerdos.

7. Urgimos al Estado de Colombia a asegurar los derechos de las víctimas y la protección debida, con la creación de una Comisión Nacional para el desmonte de las estructuras herederas del paramilitarismo ante la andanada de nuevas modalidades de criminalidad paraestatal y de grupos criminales.

8. Hacemos un llamado al presidente Duque a establecer un diálogo directo con los estudiantes universitarios, para buscar soluciones a las situaciones que por más de dos meses se vienen planteando, sin siquiera propuestas para lograr un acuerdo, así como juzgar y revisar el uso desproporcionado de la fuerza pública.

9. Invitamos al gobierno a la aplicación de las normas del derecho humanitario y a través del diálogo habilite un espacio para conversar con 16 prisioneras políticas de la Cárcel El Buen Pastor, para que se dé continuidad al patio 6 exclusivo para ellas. Instamos a las autoridades del sistema judicial y carcelario a que reconozcan este proceso y la necesidad del patio para garantizar la dignidad en la población carcelaria.

10. Nos oponemos a la pretensión de socavar la independencia orgánica y financiera del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y de garantías de No Repetición, que expresan el malestar y el temor de sectores de la sociedad colombiana que aún se oponen a una sociedad sin violencia política.

11. Respaldamos las iniciativas que conocimos de UNIPAZ como mecanismo de derecho a la verdad y de eventuales sanciones restauradoras, que la CEV y la JEP deberían reconocer como mecanismos idóneos de reparación, de convivencia territorial y de inclusión socio ambiental, tal como, lo observamos en las comunidad de Vida y de Trabajo La Balsita, Dabeiba; en los territorios de Jiguamiandó y sus zonas humanitarias, así como las de Curvaradó, Pedeguita Mansilla, y en la EcoAldea de Paz de Cacarica.

12. Nos preocupa el eventual cierre de Ley 975 para intentar que algunas de las sentencias proferidas por Magistradas probas, puedan imposibilitar el acceso a la verdad sobre la responsabilidad de empresarios.

Expresamos nuestro respaldo a las iniciativas de las víctimas en el cumplimiento del acuerdo, el reencuentro con la memoria transformante, el develamiento de las verdades y el ejercicio de la justicia inédita y novedosa del derecho restaurador.

Seguiremos atentos a esta construcción que se encuentra enfrentada a retos y bloqueos de quienes temen a la verdad, y estaremos visitando Colombia de nuevo entre el 21 de febrero y el 5 de marzo de 2019.

Comisión Ética de la Verdad.

Semblanzas de Pilar y Alberto en la web de Justicia y Paz

Pilar García 14 SEP 2018

Ha pasado a la Historia. Pilar, quien vivía en Madrid, España, integrante de la Comunidad Santo Tomás, animadora de AsocKatío, visitante en los territorios de…

Alberto Giráldez 19 NOV 2018

Ha pasado a la historia Alberto Giráldez, integrante de la Comisión Ética de la Verdad, miembro de la Academia de Farmacia de España y de…

EVITAR QUE HAGAN TRIZAS EL ACUERDO DE PAZ ES UNA NECESIDAD URGENTE PARA QUE TODOS LOS COLOMBIANOS CONSTRUYAN LA PAZ

Entre el 9 y 23 de noviembre diversos integrantes de la Comisión Ética participamos en la 13ª visita a Colombia.

Mirta Baravalle, Madre de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina

Eduardo Nachman, de la Asociación Hijos, Mar de Plata, Argentina

Charity Ryerson y Liz Deligio, SOAW, Observatorio de la Escuela de las Américas, USA

Mary Bricker Jenkins, Poor Peoples Economic Human Rights Campaign, USA

Paz Morales, de la Comisión Etica contra la tortura, Chile

Yolaima Salmerón, de GAIA, El Salvador

Enrique Santiago, Abogado asesor de las Farc en los Acuerdos de paz de La Habana, España

Tica Font, de La taula por Colombia. Barcelona, España

Andrés Redondo y Pilar Sánchez, de la Asociación Comunidad Santo Tomás de Aquino. Madrid, España

En esta ocasión escuchamos:

– A víctimas de Estado de Huila, Cauca, Valle, Chocó, Meta, Antioquia y Bogotá (Palacio de Justicia).

– A ex integrantes de las fuerzas militares que participaron en planes criminales en los llamados “falsos positivos” o en ejecuciones extrajudiciales

– A apoderados de reconocidos empresarios en el bajo Atrato, responsables del desplazamiento y del despojo y que compartieron la responsabilidad en algunos de los asesinatos de líderes comunitarios

– A defensoras de derechos humanos que participan en instancias nacionales de garantías para su labor y la de los líderes sociales

– A defensores de derechos humanos que trabajan en la identificación de fosas

– A expertas en justicia transicional y en el punto 5 del Acuerdo de Paz suscrito

– A expertos en los Planes de Desarrollo Territorial

– A la gestoría de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN)

– A líderes y lideresas estudiantiles de la actual movilización

– A líderes ambientales

– Al partido de las FARC

– A una expresión del movimiento de mujeres

– A presas políticas que estaban en huelga de hambre

– A integrantes de la nueva institucionalidad como la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD) y a magistradas de la ley 975.

– A senadores que promueven la paz y la justicia.

Algunos participamos en la presentación de la propuesta de la Universidad de Paz y en los Foros de Educación Propia de comunidades originarias, negras y mestizas en Caracolí, Curbaradó, y en los actos de conmemoración de los 21 años del desplazamiento de La Balsita en Dabeiba.

Nuestras Observaciones más destacadas:

1- Nos vamos con preocupación ante la delicada situación que se observa en la implementación del Acuerdo con las FARC, tal como se refleja en:

a) El asesinato de 86 de sus integrantes

b) La ausencia del debido proceso y garantías en el proceso de Zeuxis Pausias Hernández Solarte por la intervención equívoca, irregular y errada de la Fiscalía General de la Nación

c) La ausencia de eficacia para el desarrollo de las propuestas de reincorporación de los ex combatientes.

2- Nos deja una profunda inquietud las modificaciones que afectan al punto 5 de los Acuerdos sobre los derechos de las víctimas en relación con los derechos a la verdad y a la justicia.

a) La sustracción de las Fuerzas Militares del artículo 28 de la CPI.

b) La propuesta de creación de una sala de juicio exclusiva para los militares en la JEP, con nueva normativa en contra del derecho internacional como el derecho operacional propuesto en el Congreso por el Centro Democrático

c) La exclusión de competencia de la JEP para investigar y sancionar a empresarios que hayan participado en planes y financiamiento de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra

d) Las campañas de desprestigio de las nuevas instituciones: la JEP y la CEV, en el inicio de su trabajo, son graves y desconocen el sentido de los Acuerdos.

3- Es muy duro constatar el incumplimiento de lo acordado en materia de tierras para los campesinos sin tierra

a) La acumulación de ésta en pocas manos se encuentra en el origen del conflicto armado, social, político y ambiental que ha padecido Colombia.

b) El fondo de tierras que debía entregar tres millones de hectáreas de tierra, sólo lo ha hecho con un poco más de 500 mil hectáreas

c) El catastro multipropósito para formalizar 7 millones de tierras fue hundido en el congreso

d) Igualmente se enredó en el congreso una reforma política que eliminó lo acordado sobre las 16 curules de paz para las víctimas, que pretendían generar dinámicas de profundización de la democracia.

4- A la gravedad de estos temas se une, la crisis del diálogo político con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por unos obstáculos casi insalvables promovidos por el ejecutivo. Parecen desconocer la agenda acordada con el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que hace inviable pactar un cese al fuego y la concreción de la agenda sobre los puntos de participación en la sociedad, democracia, las transformaciones y las víctimas. Conversaciones que llegarían a acordar el fin del conflicto y la implementación del acuerdo.

5- Con gran preocupación escuchamos la delicada situación que viven los lideres y lideresas: más de 360 asesinados, cientos de amenazados y sitiados, en Putumayo, Bajo Atrato, Catatumbo, Antioquia y Meta, en los dos años que han transcurrido desde la firma de los Acuerdos.

Conforme a los testimonios que escuchamos, existen serios indicios de responsabilidad de sectores empresariales despojadores, como responsables de amenazas e incluso asesinatos a líderes en el Bajo Atrato, utilizando mecanismos de tipo paramilitar.

Igualmente, nuevos grupos criminales y traficantes de drogas en Nariño, Putumayo, Catatumbo y Meta operan con la tolerancia y complicidad de la Fuerza Pública, oponiéndose a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y obstaculizando la construcción de paz territorial.

6- Es de particular preocupación en el caso de la toma del Palacio de Justicia en 1985, el dictaminar como un error lo que se presentó en la identificación de partes de los cuerpos sin vida, cuando hay pruebas de que fue consecuencia de un plan criminal, ejecutado por militares vestidos con batas blancas. Es escandaloso observar que los militares desaparecieron y asesinaron usando las insignias humanitarias de la Cruz Roja, entre otras aberraciones con las que asesinaron a los integrantes del M 19 y a personas ajenas a la confrontación.

7- Es indignante escuchar a presas políticas de la Cárcel del Buen Pastor en huelga de hambre, exigiendo un trato humanitario y respeto a su identidad como presas políticas, ante la intención de la dirección del establecimiento de agruparlas en el mismo espacio con mujeres privadas de libertad por otros motivos, lo cual pudiera poner en riesgo su integridad física .

8-  Las comunidades nos comunicaron que en los Territorios Colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó y Pedeguita y Mancilla, empresarios poseedores de mala fe siguen oponiéndose a los procesos de restitución de tierras, estos incluso ordenados por la Corte Constitucional colombiana. En muchas ocasiones y con este propósito, los empresarios se valen de grupos armados, entre ellos las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.

El desarrollo de la restitución de tierras, en razón al desplazamiento forzado que empezó desde el año 1996, ordenado desde hace casi diez años, no tiene avances significativos, ni se cuenta con la disposición del Estado para impulsarla y completarla.

Ante estas situaciones concluimos:

1. Valoramos muy positivamente el Acuerdo alcanzado entre el Estado de Colombia y las FARC que podría responder a los derechos de las víctimas que abogan por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, desde la perspectiva del derecho restaurador.

2. Objetamos el conjunto de mecanismos que se han utilizado para deslegitimar y desmembrar el Acuerdo, con la exclusión de los ex-presidentes y de los empresarios de la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, y la pretensión de crear una sala para los militares.

3. Rechazamos las campañas de desprestigio contra la JEP y la CEV, que desarrolla el Fiscal General de la Nación y respaldamos la decisión de la JEP de recaudar el acervo probatorio para conocer del proceso de Zeuxis Pausias Hernández Solarte (Jesús Santrich) y tomar decisiones de fondo al respecto.

4. Invitamos a la JEP en sus aprendizajes en el corto tiempo a dar un tratamiento adecuado y respetuoso, equilibrado e igualitario, a todas las víctimas y a los comparecientes como parte de su misión y de su legitimidad .

5. Respaldamos la labor que empieza a realizar la UBPD, autónoma del ejecutivo, una labor que estará encaminada al cumplimiento de los derechos de las víctimas y a la reconstrucción de uno de los episodios más largos y violentos de la guerra: las personas dadas por desaparecidas.

6. Invitamos al Gobierno del presidente Iván Duque a retomar el diálogo con el ELN con disposición de seguir intentando la construcción de la paz completa, dadas las manifestaciones públicas de esta guerrilla de seguir conversando para llegar a acuerdos.

7. Urgimos al Estado de Colombia a asegurar los derechos de las víctimas y la protección debida, con la creación de una Comisión Nacional para el desmonte de las estructuras herederas del paramilitarismo ante la andanada de nuevas modalidades de criminalidad paraestatal y de grupos criminales.

8. Hacemos un llamado al presidente Duque a establecer un diálogo directo con los estudiantes universitarios, para buscar soluciones a las situaciones que por más de dos meses se vienen planteando, sin siquiera propuestas para lograr un acuerdo, así como juzgar y revisar el uso desproporcionado de la fuerza pública.

9. Invitamos al gobierno a la aplicación de las normas del derecho humanitario y a través del diálogo habilite un espacio para conversar con 16 prisioneras políticas de la Cárcel El Buen Pastor, para que se dé continuidad al patio 6 exclusivo para ellas. Instamos a las autoridades del sistema judicial y carcelario a que reconozcan este proceso y la necesidad del patio para garantizar la dignidad en la población carcelaria.

10. Nos oponemos a la pretensión de socavar la independencia orgánica y financiera del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y de garantías de No Repetición, que expresan el malestar y el temor de sectores de la sociedad colombiana que aún se oponen a una sociedad sin violencia política.

11. Respaldamos las iniciativas que conocimos de UNIPAZ como mecanismo de derecho a la verdad y de eventuales sanciones restauradoras, que la CEV y la JEP deberían reconocer como mecanismos idóneos de reparación, de convivencia territorial y de inclusión socio ambiental, tal como, lo observamos en las comunidad de Vida y de Trabajo La Balsita, Dabeiba; en los territorios de Jiguamiandó y sus zonas humanitarias, así como las de Curvaradó, Pedeguita Mansilla, y en la EcoAldea de Paz de Cacarica.

12. Nos preocupa el eventual cierre de Ley 975 para intentar que algunas de las sentencias proferidas por Magistradas probas, puedan imposibilitar el acceso a la verdad sobre la responsabilidad de empresarios.

Expresamos nuestro respaldo a las iniciativas de las víctimas en el cumplimiento del acuerdo, el reencuentro con la memoria transformante, el develamiento de las verdades y el ejercicio de la justicia inédita y novedosa del derecho restaurador.

Seguiremos atentos a esta construcción que se encuentra enfrentada a retos y bloqueos de quienes temen a la verdad, y estaremos visitando Colombia de nuevo entre el 21 de febrero y el 5 de marzo de 2019.

Comisión Ética de la Verdad.

Durante este período, nuestro trabajo como Comisión Ética,  ha ido encaminado fundamentalmente a apoyar las Conversaciones de Paz, con la esperanza de lograr la firma de los acuerdos.

Relación de tareas realizadas durante el curso 2015/2016

Diciembre

Organización de un mercadillo solidario a fin de recaudar fondos para las necesidades de las comunidades campesinas desplazadas.

Enero

Adhesión a una carta enviada por Soldepaz Pachacuti al gobierno colombiano con dos peticiones:

• Permanencia de la delegación de la ONU de DD.HH en Colombia
• Garantías para organizaciones de DD.HH que trabajan en Colombia.

Del 15 de Febrero al 7 de Marzo,

• Viaje de Pili y Andrés a Colombia como representantes de la Comisión Ética

Dado el momento que vivía el país, y ante las expectativas de un posible acuerdo de paz, este viaje fue especialmente intenso y emocionante, según nos relataron ellos mismos en nuestra celebración de Colombia.

Resaltamos algunas de las acciones que llevaron a cabo:

1) Realizar varias entrevistas y recoger testimonios, tanto a víctimas como a victimarios (algunos de ellos en una cárcel de alta seguridad). Esta recogida de testimonios será de  gran importancia para esclarecer los hechos relacionados con la vulneración de los DD.HH a la hora de constituirse la Comisión de la Verdad.

2) Viaje a Cacarica, donde se realizaron varios actos con presencia internacional, con motivo del 19 aniversario de la “Operación Génesis”; en esta operación, murieron alrededor de 80 miembros de las comunidades, a manos de los militares.

3) Viaje a Curvaradó, acompañando a estas comunidades de indígenas, afros y mestizos, dónde pudieron ver de cerca los problemas que tienen con los “territorios colectivos” y  las amenazas y hostigamientos que sufren las familias desplazadas que han decidido volver a sus tierras.

4) También tuvieron ocasión de asistir a una emotiva y multitudinaria celebración ecuménica por Camilo Torres, presidida por el arzobispo de Cali.

Marzo

• Tercer Encuentro Estatal por la Paz en Colombia

Los días 11 y 12 de Marzo tuvo lugar en el Centro Cultural Pta. De Toledo, el “Tercer Encuentro Estatal por la Paz en Colombia”, organizado por diversos colectivos que trabajan por Colombia, entre los que se encuentra la Comunidad de Sto. Tomás como miembro de la Comisión Ética.

Este Encuentro tuvo como objetivo principal,  estudiar, difundir  y apoyar los acuerdos de paz alcanzados hasta esa fecha.

Nuestro grupo se hizo cargo del área de ”Desarrollo Agrario Integral”, correspondiente al primer tema de la agenda de La Habana; esto supuso:

• Hacer un estudio del Documento de los Acuerdos de Paz, referido a dicho  tema.
• Organizar la gira y estancia en España de Johana López (defensora de DD.HH y perteneciente a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
• Intervención en la mesa “Desarrollo Agrario y Cultivos Ilícitos” cuya ponente fue Johana López y que presentó y moderó Ángel Villagrá.

La metodología del Encuentro fue analizar los cinco Acuerdos de La Habana en mesas de trabajo. Con los resultados alcanzados se elaboró un documento síntesis que se envió posteriormente a la Mesa de Diálogos de La Habana.

En este Encuentro, participaron además de las organizaciones convocantes, Defensores de DD.HH de Colombia  y algunos miembros del Parlamento Europeo.

• Intervención de Johana en nuestra comunidad, dónde tuvimos ocasión de charlar con ella sobre: “el problema territorial y los desafíos de las comunidades en el postconflicto”.

A este acto invitamos a Iglesia de Base.

Mayo

Apoyo y asistencia al acto organizado por Brigadas Internacionales de Paz : “Colombia: construyendo paz en los territorios” que se realizó con motivo de una gira de sensibilización por diferentes países de Europa, de personas defensoras de DD.HH, entre ellas el Alberto Franco, integrante de la Comisión Intereclesial  de J y P. a quien pudimos escuchar en dicho acto.

Junio

Presentamos, junto a Organizaciones que trabajamos la solidaridad con Colombia y otras defensoras de DD.HH, una propuesta al Ayuntamiento de Madrid sobre la necesidad de un “Pronunciamiento de apoyo al proceso de paz en Colombia” que se presentó en el pleno del mes de Julio.

También  desde la C. E. convocamos una tertulia abierta a todos los grupos con los que colaboramos  para, una vez leídos algunos puntos  de los acuerdos, intercambiar inquietudes y propuestas. Esta reunión tuvo lugar el día 23 de Junio en los locales del MAS.

Septiembre

En el mes de Septiembre recibimos una carta dirigida a la C.E. por parte de las FARC, invitándonos al acto de la firma de los Acuerdos de Paz en Cartagena de Indias. No fue posible nuestra asistencia, pero enviamos una carta agradeciendo la invitación y apoyando la firma de los acuerdos.

Octubre

Convocados por la Plataforma Solidaridad con Colombia, nos hemos adherido a un manifiesto de apoyo a los Acuerdos de Paz firmados en Cartagena de Indias, y acudido, ayer, a una concentración delante de la Embajada de Colombia, con el lema “Paz para Colombia. No a la guerra”.

En el futuro, dada la actual coyuntura tras el resultado del plebiscito, se atisba un panorama de mayor vulnerabilidad de las Comunidades desplazadas, -Afrodescendientes e Indígenas- (de hecho las principales exigencias de los portavoces del NO a los Acuerdos de Paz van contra ellas, tanto para impedir su acceso a la tierra como para reactivar los megaproyectos agrarios y extractivistas que  les obligan a desplazarse, a la vez que  destruyen el equilibrio natural de amplias zonas rurales)   Por ello, nuestra presencia en la Comisión Ética va a ser, si cabe, más necesaria y es posible que muy pronto nos pidan algún tipo de colaboración. En su momento os lo comunicaremos  y como siempre, os animamos a participar en esta tarea que es una tarea  de toda la Comunidad.

Queremos compartir con ustedes la profunda alegrìa que sentimos con el grado de bachilleres del primer grupo del colegio en la Zona Humanitaria de Camelias, algunos de ustedes nos acompañaron a entrar por primera vez en medio del miedo y la zozobra, a tumbar la palma, a sembrar ilusiones ….

Este triunfo se lo debemos a todas y todos los que nos han acompañado a fortalecer la organización, algunos con su presencia, otros con sus aportes económicos …Gracias,muchas gracias, nos sentimos muy unidas a todos y damos infinitas gracias a Dios por habernos cuidado especialmente la vida !!!!

Con gran cariño y gratitud

Cecilia y todo el equipo de justicia y paz

El día 6 de diciembre de 2013 se ha producido un acto de dignificación en contra de la instalación de una base militar del Batallón de Selva 54 adscrito a la Brigada 17, en el territorio colectivo de Llano Rico y para cuya instalación las comunidades no fueron previamente consultadas. En el acto de protesta estuvieron involucradas las veintitrés comunidades afectadas.

Los distintos grupos de las Comunidades, compuestos por hombres, mujeres, niños y ancianos, se reunieron delante de la base militar alrededor de las diez de la mañana del día referido. En todo momento estuvieron acompañados por  acompañantes internacionales y representantes de la Comisión Ética de la Verdad. Durante la caminata que les conducía al encuentro fueron estorbados y retenida su marcha por miembros del ejército, a pesar de que la actitud de los campesinos fue siempre pacífica.

Una vez reunidos delante de la base, algunos campesinos expresaron su protesta ante la falta de una consulta previa para la instalación de la base. Se dirigieron palabras hacia los soldados, indicando que no los consideraban sus enemigos, sino que forman parte del mismo pueblo al que deben proteger. Se exhibieron carteles con diversos lemas que señalaban asimismo la desprotección, por parte del gobierno, de los campesinos, con referencia también a las víctimas y a los desplazamientos sufridos por las comunidades campesinas. Estos carteles fueron colocados en las cercas de alambre situadas frente a la base militar. En distintos momentos se entonaron canciones que hablaban de la confianza en Jesús e invocaban  su ayuda; otras fueron entonadas por niños en las que se deseaba un futuro sin guerras. Asimismo hubo participación de los miembros de la Comisión Ética, quienes mostraron su apoyo – transmitido desde sus países de origen – al acto de dignificación campesina por medio de un mensaje escrito.

Ante la acción de dignificación, la respuesta militar revistió varias formas. Algunos soldados usaron desde sus garitas de vigilancia sus celulares para fotografiar a los campesinos siguiendo un criterio selectivo; también fue utilizada una videocámara para filmar a los participantes del acto. Interrogados por el motivo de la filmación, el representante militar respondió que “querían dejar constancia de no haber dañado a los manifestantes” y, de otro lado, que “tenían todo el derecho a filmar lo que les diera la gana”. Semejante actitud quizás esté relacionada con los rumores que circularon días antes del acto, según los cuales los campesinos “se manifestarían violentamente frente a la base”. Al mismo tiempo, durante el comienzo y el desarrollo del acto de dignificación, un helicóptero militar sobrevoló y aterrizó en la base, siendo seguido por otro, que sólo la sobrevoló.

Constatar finalmente que, cuando los campesinos fueron abandonando los alrededores de la base, una formación de soldados armados, situados en fila en los dos lados y a lo largo de la carretera, supuso una intimidación a los campesinos, que únicamente pudieron abandonar el lugar usando transportes.