Comisión Ética de la Verdad

La Comisión Intereclesial Justicia y Paz de Colombia propuso la creación de una Comisión Ética de la Verdad, ante la sentida necesidad de que la memoria de millares de Crímenes de Lesa Humanidad y violaciones de derechos humanos, cometidos a través de las distintas fases de la represión y las operaciones paramilitares en Colombia desde 1962, sea conocida, protegida y salvaguardada. No es posible todavía , dado el contexto de guerra y la institucionalidad del paramilitarismo en Colombia, la creación de una Comisión de la Verdad, tal y como se han creado ya en otros países de América Latina. Es por esto que se promueve la susodicha Comisión Ética, presentándose en la asamblea del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), en julio de 2006, donde es aprobada.

Se propone a diversas personalidades e instituciones, tanto de Colombia, como del extranjero, formar parte de la “Comisión Ética de la Verdad”, con el objetivo de, en un plazo de diez años, recoger a lo largo y ancho del país pruebas, documentos, objetos, testimonios, relatos de las víctimas, de las familias, de las comunidades, apoyando sus iniciativas de memoria, de dignificación y de reparación integral.

A lo largo de estos 10 años, los miembros de la Comisión Ética salvaguardarán confidencialidad sobre muchos hechos que testimonien las víctimas, denunciarán públicamente otros, y presentarán los resultados de su labor a la opinión pública, que sirvan de aportación a una Comisión de la Verdad que reúna garantías reales para las víctimas de crímenes contra la Humanidad y genocidio.

Forman parte de la Comisión Ética de la Verdad entre otros las siguientes personas y organizaciones:

  • Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de Paz
  • Movimiento de Trabajadores Rurales de Brasil, MST
  • Mirta Baravalle, Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora- Argentina
  • Francois Houtart, Centre Tricontinental, Bélgica C
  • Comisión Ética contra la Tortura-Chile
  • Asociación Comunitaria Universitaria Santo Tomás de Aquino, Madrid-España
  • Rainer Huhle, Centro de Derechos Humanos de Nürnberg, Alemania
  • Liz Deligio y Charity Ryerson, School of the Americas Watch, SOAW, USA
  • Miguel Alvarez, Verapaz, Comisión de Paz de México
  • Carlos Fazio, profesor universitario UNAM (Mexico)
  •  Gilberto López Y Rivas, profesor universitario UNAM (México)
  • Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida, España
  • Coalición de los Pobres, USA

La Comunidad de Santo Tomás de Aquino, en su apuesta por la búsqueda de un mundo con rostro humano se ha comprometido, en estrecha colaboración con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, a  formar parte de la Comisión Ética y a crear y custodiar  un pequeño  espacio de la memoria que contiene objetos y testimonios de  víctimas a las que ha acompañado en las diferentes visitas realizadas a Colombia: San Onofre (( Sucre), Puerto Asís (Putumayo), Sincelejo (Sucre) y otras.

 Este espacio para la memoria se inauguró el 30 de noviembre de 2008; en un acto en el  que participaron víctimas y defensores de derechos humanos de Colombia y personas de España comprometidas en este proceso que nos concierne a todos porque está en juego nuestra dignidad como seres humanos ante la imperio del terror y la impunidad.

Documentos - Comisión Ética de la Verdad

“DECLARACION DE MADRID  SOBRE LOS DIALOGOS DE PAZ EN COLOMBIA”,  Noviembre 2012

Las organizaciones de la sociedad civil que hemos impulsado este Encuentro, dedicadas a la cooperación al desarrollo, al ejercicio de la solidaridad entre los pueblos, a la defensa de los derechos humanos

Saludamos el reciente inicio de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, para la búsqueda de una Paz definitiva y duradera que acabe con el conflicto social y armado interno que aflige a ese pueblo hermano desde hace 50 años.

Animamos a las partes beligerantes a conversar con valentía y responsabilidad, abordando en el proceso las causas profundas del conflicto armado: la inequidad y falta de justicia social, la masiva usurpación de la tierra a los campesinos y su acumulación por grandes propietarios, la falta de garantías democráticas para la población, la ignorancia -cuando no violación sistemática- de todos los derechos humanos y la impunidad de los victimarios.

Saludamos el importante papel jugado por la sociedad civil colombiana en la búsqueda de la paz y construcción de acuerdos humanitarios que la hagan posible, sin cuyo trabajo e impulso no se habría llegado a este momento de dialogo, tarea en la que demasiadas veces las organizaciones y movimientos sociales han tenido que vencer incomprensiones e injustas descalificaciones así como la criminalizaciòn de sus anhelos de paz.

Pedimos la apertura de una Agenda Social en las conversaciones, en cuya discusión pudieran intervenir las organizaciones sociales colombianas, que tanto han padecido el conflicto y sus causas

Llamamos a todos los actuales beligerantes en el conflicto armado interno -Estado, FARC y ELN-  a construir un sólido y eficaz proceso de búsqueda de la paz, incorporando a la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) al proceso conversatorio.

Compartimos los principios establecidos por el Gobierno de Colombia en este proceso de búsqueda de paz respecto a “No cometer errores del pasado”, y a que “cualquier proceso tenga que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación”.

Solicitamos a las partes negociadoras que avancen urgentemente en el fin de las hostilidades mientras se adelantan las conversaciones de paz, con el fin de cesar los padecimientos de la población civil afectada por el conflicto.

Entendemos imprescindible para que avance el proceso de negociación, alcanzar un Cese al fuego y de las hostilidades y subsidiariamente un Acuerdo Especial basado en el derecho humanitario. El Acuerdo Especial humanitario, conforme contemplan los convenios sobre ius in bellum, hará prevalecer el entendimiento sin que nada amenace el proceso de terminación del conflicto y la consecución de la paz, además de resultar para las partes beligerantes una obligación respetar el derecho internacional humanitario y garantizar la protección e integridad de los civiles que habitan los territorios en conflicto armado.

Pedimos tomar en cuenta que mientras esté activo el conflicto armado, quien más lo sufre es la población civil. Constamos que desde el pasado mes de septiembre numerosas comunidades indígenas, negras y mestizas habitantes en zonas de conflicto se han dirigido a los beligerantes solicitando de forma apremiante que se pactara un Cese Bilateral de hostilidades. En los dos meses y medio transcurridos desde el anuncio de las conversaciones, estas mismas comunidades han sido afectadas en su vida, en su integridad, en sus bienes, por ataques indiscriminados con ametrallamientos y bombardeos, por amenazas, presiones, daños a bienes de supervivencia; algunos civiles han muerto o han quedado heridos. A esa solicitud se han ido sumando más y más familias y comunidades que padecen las graves infracciones al derecho humanitario y en general los efectos del conflicto armado.

Mantenemos que el hecho de que las FARC-EP y el ELN manifiesten su disposición a la aplicación del derecho humanitario abre la posibilidad de un Acuerdo Especial que, acordado bilateralmente con el Gobierno, representará un avance en la confianza requerida para llegar a un feliz término del conflicto.

Invitamos por ello al Gobierno colombiano a aceptar el Cese de Hostilidades y un Acuerdo Especial, medidas que serían un paso trascendental en la protección preventiva y humanitaria, preludio de la paz que deberá sobrevenir. Aun en el caso de que el Gobierno de Colombia persista en no aceptar como hasta ahora el cese de las hostilidades continuando así las partes su actividad armada, solicitamos se aborde al menos un Acuerdo Especial de humanización del conflicto, pues hasta ahora la debida aplicación general protectora del Artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949 o el Protocolo II adicional de 1977 no han sido suficientes para acabar con la barbarie del conflicto.

Urgimos un tratamiento conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos para las prisioneras y prisioneros por causas políticas, opinión o a causa del conflicto armado que actualmente soportan condiciones de reclusión en las cárceles colombianas absolutamente contrarias a las normas internacionales aplicables a las personas privadas de libertad.

Convencidos de que el éxito de cualquier proceso de paz dependerá también de la capacidad del Gobierno de Colombia para generar las mínimas garantías políticas que en democracia deben tener la oposición, pedimos el cese de la estigmatización a la protesta social y de su señalamiento como “terroristas”, acompañado del establecimiento de mecanismos efectivos de participación de la sociedad civil en los asuntos públicos.

Declaramos que ningún camino hacia la paz puede transitarse sin conocer la verdad, alcanzar justicia y reparar a las víctimas de los muchos crímenes contra la humanidad sufridos por el pueblo colombiano durante los años de conflicto. La impunidad  de los responsables de esas  graves ofensas contra la humanidad es incompatible con la resolución del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Nos referimos a aquellos crímenes respecto a los cuales, según los principios del derecho internacional aplicable por las naciones civilizadas, no cabe amnistía ni indulto, ni les alcanza la prescripción, por tratarse de crímenes que ofenden a la humanidad en su conjunto

Entendemos esencial la participación en este proceso del exilio colombiano, los desplazados, refugiados y asilados que han tenido que abandonar su hogar primero y su país después ante las persecuciones sufridas y el riesgo cierto sobre su vida y su integridad o a sobre la de sus allegados. La Paz en Colombia debe significar el fin de la persecución y del temor a sufrir esta. Resulta por tanto de justicia que esta realidad se contemple en cualquier mesa de conversaciones y que igualmente los representantes del exilio colombiano puedan formar parte activa de este ilusionante proceso que ahora se abre.

Ponemos de manifiesto la grave injerencia que en España han supuesto las actuaciones ilícitas de las autoridades colombianas contra refugiados, defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, delitos que de forma sistemática se han venido ejecutando en nuestro país, y en Europa,  por funcionarios públicos colombianos. Entre  2005 y 2012 al menos España y Bélgica fueron “chuzadas” por la fuerza policial dependiente de la Presidencia de la República de Colombia, el DAS, que recientemente fue declarada organización ilegal por los tribunales colombianos y disuelta por el actual Presidente, Dr. Juan Manuel Santos.

Constatamos que interceptaciones de comunicaciones, seguimientos, coacciones y difamaciones contra exiliados y defensores de derechos humanos se han realizado impunemente y durante años en toda España ante la sorprendente inacción de las autoridades y fuerzas de seguridad españolas.

Denunciamos que esta estrategia de criminalizaciòn y descalificación llevada adelante por la Fiscalía colombiana, dirigiendo acusaciones de graves delitos a exiliados y defensores de derechos humanos por motivos políticos, provocó distintas investigaciones en la Audiencia Nacional española, todas ellas archivadas a fecha de hoy por la justicia pero que han supuesto un daño irreparable para las víctimas de las falsas acusaciones, tras haber sido estigmatizadas al difundirse en los medios todo tipo de acusaciones de graves delitos contra ellas, sin que posteriormente fueran desmentidas al ser sobreseídas las causas.

Llamamos a la Unión Europea y a los países que la conforman, en especial a los que en otros procesos de paz han participado como países acompañantes, garantes o amigos, a que recapaciten y reformulen las erróneas políticas que en los últimos años, en especial desde el año 2002, han llevado adelante respecto al conflicto armado colombiano. La criminalizaciòn del conflicto y de las organizaciones insurgentes  por parte de la UE y de la  mayoría de países que la integran, la reducción analítica del complejo conflicto político colombiano a un simple problema de orden publico y terrorismo -con la inclusión de las organizaciones rebeldes beligerantes en las “listas” de organizaciones terroristas de la UE y la judicialización de distintos activistas de la solidaridad con Colombia españoles y de otros países europeos-, han sido la causa de la perdida de la UE de su papel de mediadora  y la consiguiente exclusión de la UE y los países que la integran de los mecanismos políticos y diplomáticos de acompañamiento y facilitación del proceso que ahora se abre.

Lamentamos esta situación, que ha supuesto un estrepitoso fracaso político y diplomático, considerando que en la totalidad de los procesos de negociación de paz habidos en Colombia desde el inicio del actual conflicto armado interno bien la Unión Europea o bien los países que la conforman -en especial España-  habían jugado un papel diplomático determinante en la puesta en marcha de los mismos, papel que de momento vemos no van a poder tener.

Entendemos esencial, para la consolidación de una paz que ahora puede ser alcanzada en la mesa de conversaciones, la aplicación de medidas efectivas para la reincorporación  a la vida civil y política de los alzados en armas y a las personas que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto, a través de la amnistía de los delitos políticos y conexos cometidos a consecuencia del conflicto, medida expresamente establecida en el Derecho de Ginebra para la finalización de los conflictos armados internos

Alentamos los gestos de reconciliación entre las partes que se han enfrentado en el conflicto, queriendo contribuir así a restablecer el curso normal de la vida en un pueblo que ha estado dividido.

Madrid, 13 de Noviembre de 2012

COMISIÓN ÉTICA (representada por la Comunidad Sto Tomas de Aquino) MOVICE (Movimiento de víctimas de Crímenes de Estado en Colombia- capitulo Madrid), ASOCIAC. de SOLIDARIDAD CON COLOMBIA KATIO, XXI SOLIDARIO, PLATAFORMA JUSTICIA POR COLOMBIA (CEAR; Paz con Dignidad, IEPALA, MUNDUBAT; Ecologistas en Acción, OSPAAAL, Comité Oscar Romero de Madrid).

Se adhieren a esta Declaración:

ARLAC (Bélgica),

ISI (Iniciativa Solidaria Internacionalista). Burgos.

Associació Catalana per la Pau,

Colombianos-as refugiados-as en Asturias "Luciano Romero Molina",

COSAL (Comité de Solidaridad con América Latina), de Asturias,

Soldepaz Pachakuti,

Rete Italiana di Soliedaritá

"Colombia Vive".Italia,

Coordinadora Valenciana de Solidaridad con Colombia (CEAR-PV, CEDSALA, CEPS, Colectivo Sur Cacarica, Entreiguales Valencia, Intersindical Valenciana)

Plataforma estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (han contestado afirmativamente Asturias, Valencia, Andalucía, Canarias y Madrid).

Ingeniería Sin Fronteras de Asturias

 

 
Documentos - Comisión Ética de la Verdad

Jornadas de Madrid,  12-13 de Noviembre

“DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LAS CONVERSACIONES DE PAZ en COLOMBIA”

A iniciativa de las organizaciones sociales que en España trabajan cotidianamente por el respeto a los DD. HH. en Colombia, y más en  concreto, a partir de la coordinación entre la  Comisión Ética de la Verdad (representada por la Comunidad Sto. Tomas de Aquino), el MOVICE (Movimiento de víctimas de Crímenes de Estado en Colombia- capitulo Madrid), y las asociaciones de solidaridad con Colombia ASOC-KATIO, XXI Solidario, Plataforma Justicia por Colombia (CEAR; Paz con Dignidad, IEPALA, MUNDUBAT; Ecologistas en Acción, OSPAAAL, Comité Oscar Romero de Madrid) y con el respaldo inestimable del Grupo parlamentario de la Izquierda Plural, se han celebrado en Madrid los pasados días 12 y 13 de Noviembre unas Jornadas de análisis y debate en torno a los “Desafíos de los DD. HH., ante las Conversaciones de Paz entre las guerrillas y el gobierno colombiano”.

El objetivo esencial de las mismas era sensibilizar a los parlamentarios españoles y, a través de ellos, a toda la sociedad a través de la prensa, sobre la situación de  injusticia social,  de usurpación de la tierra a los campesinos, de falta de garantías democráticas para la población, y de violación de derechos humanos que vive gran parte de la población colombiana, en especial las comunidades campesinas e indígenas, y que ha dado lugar al conflicto social y armado que aflige a ese pueblo desde hace 50 años.

El contexto que ha dado fuerza y actualidad a esa denuncia no es otro que el inicio de esos Diálogos de paz abiertos entre el Gobierno colombiano y las guerrillas armadas, en busca de una paz definitiva y duradera. En torno a ese Diálogo de Paz se ha reivindicado con fuerza la participación de la población afectada, así como del movimiento de víctimas y se ha solicitado el apoyo expreso del gobierno español y de la Unión Europea reclamando de ellos una actitud activa, no meramente expectante, en pro de la justicia social que esos ‘Diálogos’ deben contemplar para na solución estable al conflicto armado y social.

En las Jornadas han participado algunos ponentes españoles, pero el mayor peso del análisis ha recaído en personalidades colombianas que trabajan diariamente en organizaciones políticas, de defensa de los derechos humanos y en movimientos populares y campesinos. Así participaron en las Jornadas: Iván Cepeda, diputado del Polo Democrático Alternativo; Javier Giraldo, sacerdote jesuita, defensor de DD.HH. y coordinador del Banco de datos sobre violencia; Marylén Serna, portavoz de la Mesa de Unidad de las organizaciones sociales; Ligia Mª Chaverra, de las Zonas Humanitarias del Curbaradó (su intervención fue leída, dado que finalmente no pudo viajar por negarle la Embajada española el necesario visado) y Roland Higuita, del MOVICE, capítulo Madrid. La esperada asistencia de la ex senadora Piedad Córdoba, potavoz de ‘Colombianxs por la Paz’ se vió frustrada al tener que priorizar su colaboración con las Conversaciones de Paz, en el equipo de apoyo que trabaja desde Venezuela.

Demandas al gobierno español y la UE: No al TLC

En el terreno de las propuestas, se solicitó  un cambio radical de las relaciones entre la UE y Colombia, en particular la No ratificación del ‘Tratado de Libre Comercio’ que la UE podría aprobar antes de finalizar 2012.  Se argumentó con datos fehacientes que dicho TLC hará más difícil la vida en Colombia. Pues, teniendo en cuenta que la inversión extranjera en Colombia se centra en un 90% en la Minería y en los Hidrocarburos, este Tratado, de aprobarse, va a servir para profundizar el modelo minero extractivista ya iniciado (carbón y petróleo) que provoca graves consecuencias ambientales y sociales sobre los territorios y las comunidades, y va a favorecer la obtención neta de beneficios de las empresas europeas, sin reversión alguna sobre la población nativa.  Además se criticó duramente su carácter antidemocrático, pues el tratado ha sido negociado de espaldas a los pueblos afectados.

La situación de pobreza de las comunidades campesinas, afrocolombianos y pueblos indígenas  “de ninguna manera se resuelve con la Hoja de ruta prevista en el TLC. Al contrario, estos megaproyectos mineros, producen un grave impacto ambiental y social sin que las empresas europeas asuman responsabilidad (el Tratado lo deja en el aire),  detraen tierras a la población autóctona, destruyen la soberanía alimentaria y terminan con sus culturas ancestrales.  Por todo ello, los ponentes han reclamado que en las Conversaciones de Paz se detallen las responsabilidades de las empresas petroleras y agroindustriales, así como de los gobiernos, colombiano y de la UE, que han amparado gran cantidad de delitos contra los territorios y sus comunidades. Nunca su impunidad.

Participación de los pueblos en el proceso de paz.

En esa línea de reflexión se situó también la intervención de Marylén Serna, la portavoz del Congreso de los Pueblos (Mesa unitaria de Org. Sociales) que argumentó contundentemente contra la validez de un diálogo de paz que no tuviera presente la voz de los pueblos colombianos.  Pues los diálogos actuales, dijo, son un momento en el proceso de paz, no el proceso mismo. Quedaba así claro que una paz limitada a fijar condiciones exclusivamente para el abandono de las armas, sin asumir a fondo el conflicto social subyacente de falta de justicia y de oportunidades para el pueblo, no serviría de mucho. “No habrá paz sin justicia”,  subrayó.

Ligia María Chaverra,  representante de las comunidades campesinas, denunciaba el proceso de paz por su contradicción con la realidad cotidiana. “El presidente Santos habla de paz, mientras hace la guerra a nuestras comunidades campesinas; habla de paz, pero las tierras que nos han robado siguen en manos de los usurpadores, habla de paz mientras sus espionajes nos impiden vivir… ¡Estamos cansados. Los crímenes de Estado y los acosos empresariales siguen en la impunidad.

Contra la impunidad: justicia y memoria para las víctimas. Dentro del grito contra la impunidad de tantos actores que tienen las manos manchadas de sangre, hubo espacio para recordar a las víctimas: los centenares de miles de víctimas en estos 50 años, los asesinatos (58  líderes populares asesinados en el mandato del presidente Santos), las desapariciones, los desplazamientos forzosos, la enorme cantidad de presos ‘politicos’, los exiliados….,. Sobre ellos se reclamó justicia y verdad: “es urgente la construcción de un relato verídico de la violencia y sus víctimas, de las causas y las consecuencias. La paz sólo se construye con justicia y memoria”

Perspectivas del Proceso de Paz.

En ese marco crítico se situó también el análisis histórico de los ‘procesos de paz’ llevados a cabo  en Colombia a lo largo de los últimos 30 años, que presentó Javier Giraldo. Diferenció dos modelos de negociación: a) el modelo desmovilización de insurgentes, sin abordaje de reformas sociales profundas; y b) el modelo inclusivo, que ha sometido a  negociación  una Agenda de reformas, más o menos profundas.

A pesar de constatar que sólo el primer modelo ha tenido históricamente más éxito, saludó con entusiasmo cómo en el momento actual se pone sobre la mesa el segundo de los modelos, pues en las conversaciones previas ya se ha aceptado una agenda de negociaciones que incluye temas de calado estructural, como son:

a) El problema de la tierra (de las tierras arrebatadas, la propiedad de la tierra y, sobre todo el desarrollo rural integral, la seguridad alimentaria y la economía solidaria.. Aquí se ubican reformas que cambiarían el modelo económico del país);

b) lnclusión en la vida política de los insurgentes;

c) la finalización del conflicto armado en todas sus dimensiones (reinserción de combatientes, garantías de seguridad, fin del paramilitarismo, etc);

d) El cultivo de drogas (desaparición de los cultivos, denuncia del tráfico, etc.);

e) La Reparación de las víctimas. (asunto de máxima dificultad, sabiendo que un 80% de las víctimas lo son por crímenes del Estado y un 20%, por actuación de las FARC);

f) La Verificación de los Acuerdos

Dada la envergadura de las cuestiones a negociar, el ponente subrayó las dudas que se suscitan, porque las diferencias existentes entre las partes son enormes, y porque se resulta evidente que casi nada ha cambiado en el marco de las instituciones del Estado.   En este sentido destacó dos fenómenos muy negativos: A) Que el control del Estado sigue en manos del narcotráfico y del paramilitarismo, que tienen la facultad de seguir controlando tanto al Parlamento como al Sistema judicial;  B) Que la desmovilización del paramilitarismo proclamada en los últimos meses del presidente Uribe se ha evidenciado como una falsedad. De hecho, parece que la ley aprobada ha servido para legalizar a las estructuras paramilitares más  poderosas. En las últimas semanas se ha sabido que “hay directrices del Fiscal Gral. de la Nación que apuntan a que toda la responsabilidad de los actos delictivos se quieren concentrar en unos pocos casos de ‘altos responsables’ a quienes más tarde se amnistiaría, dejando en la impunidad a todos los demás”.

Así que, el proceso de paz que se acaba de abrir alberga muchas expectativas, pero los hechos de la vida política cotidiana, los niveles de impunidad vigentes y la persistente violación de DD. HH. obligan a una actitud muy cautelosa, y a no olvidar nunca a las víctimas en sus diferentes formas de padecimiento. Pues un proceso de paz sólo se construye con justicia, memoria y reparación

 
Documentos - Comisión Ética de la Verdad

Informe de la comisión ética celebrada en febrero 2012

Actualizado ( Miércoles, 31 de Octubre de 2012 20:03 )

 
Documentos - Comisión Ética de la Verdad

Para este fin de año queremos agradecerles a todas y todos Ustedes por su compromiso y atención a la labor de la Comisión Ética de Colombia que esta pasando por un crisis financiera lo que nos impidió organizar una visita a Colombia este año, entre otros debido a los cambios en la cooperación internacional hacia Colombia que cada vez será menos.

Sin embargo la coyuntura sigue siendo muy adversa para las victimas de crímenes de estado en Colombia, y en especial para las comunidades que forman parte de esta propuesta de resistencia y memoria.

Actualizado ( Miércoles, 11 de Enero de 2012 20:17 )

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