Documentos - Comisión Ética de la Verdad

Comunicación 40 de la Comisión Ética

Nosotras y nosotros integrantes de la Comisión Ética de la Verdad reiteramos nuestro respaldo al diálogo del gobierno del presidente Santos con la guerrilla de las FARC, alentamos el pronto inicio de las conversaciones con la guerrilla del ELN, esperando que puedan lograrse acuerdos que posibiliten el respeto a los derechos de las víctimas y bases para una profundización del Estado democrático que imposibilite la justificación del alzamiento en armas y que cimiente la justicia social y ambiental.

Hemos conocido de los avances en los diálogos en La Habana con la guerrilla de las FARC en dos de los puntos de la agenda acordada, Asuntos Agrarios y de la participación política; así mismo celebramos la liberación de un integrante de las Fuerzas Militares como gesto del ELN en su disposición del diálogo.

Queremos, manifestar nuestra preocupación frente a tres situaciones.

1. La situación de las víctimas de desplazamiento y restitución

Entre 2006 y 2011, fueron asesinadas al menos 71 personas líderes reclamantes de tierras en 14 departamentos[1], según información de organismos de derechos humanos. Ese hecho evidencia que la sola ley de restitución de tierras o la reclamación de titularidad no asegura la devolución y uso material de la propiedad en condiciones de libertad y de garantías para las víctimas.

Algunos casos que hemos conocido, reflejan la gravedad de la situación que continúan padeciendo los habitantes rurales, las condiciones de indignidad y desigualdad. Condiciones que debe ser parte de la agenda de paz, de un proyecto de país incluyente dada la voluntad manifiesta del gobierno de atender a las víctimas y de una modernización basada en la razón y no en la fuerza.

En el Sur de Bolívar, municipio San Martín de Loba, en la finca Las Pavas, se han reiterado las amenazas y señalamientos contra los reclamantes legales y legítimos de la propiedad, Asociación de Campesinos de Buenos Aires, ASOCAB. En 2006, la finca adjudicada por el Estado a través del INCODER[2] a los campesinos de ASOCAB, luego de un proceso de extinción de dominio, ya que la propiedad desde 1997 fue abandonada por Jesús Emilio Escobar[3]familiar del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, adquirida con dineros de actividades ilegales. En medio de operaciones paramilitares se produjeron desplazamientos forzados de los campesinos y la propiedad fue ocupada por un grupo empresarial para la siembra de palma. En 2011 la Corte Constitucional ordenó la restitución de los predios. En mayo pasado un grupo armado que proteja los intereses empresariales atacaron a varios campesinos, amputaron a Tito Alvear y amenazaron Misael Payares y Eliud Alvear. A pesar de las demandas de protección, los integrantes de la ASOCAB continúan en alto riesgo.

En la región del Catatumbo la muerte de cuatro labriegos, presumiblemente a manos de agentes del Estado, como lo reportan la oficina de Naciones Unidas y misiones humanitarias, y más de 45 heridos es el resultado del uso de la fuerza para controlar la protesta campesina que se inició en la región de El Catatumbo hace 30 días. Los campesinos que forman parte de la Asociación ASCAMCAT, reclaman sus derechos, entre ellos la Constitución de su Zona de Reserva Campesina, y nueve puntos más ante el abandono histórico del Estado. ASCAMCAT indica que más de 114.967 personas han sido desplazadas, es uno de los promedios más altos 17 mil por cada 100 mil habitantes[4], y se han producido 600 desapariciones Forzadas[5]. Así como centenares de crímenes que podemos calificar de Lesa Humanidad. Detrás del conflicto armado con presencia de las guerrillas de las FARC, del ELN y del EPL, la oleada de paramilitarización y el pretendido control militar con las Fuerzas Armadas han generado además de la crisis humanitaria, graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos.

La militarización coincide con la definición del uso de la tierra y la explotación carbonífera, petrolífera y agronegocios de palma. En el norte Santander predomina el latifundio sobre la pequeña propiedad, mientras que el 59,94 % de la población minifundista posee apenas el 9,30 % de la tierra[6]. Los habitantes acusan altos indicadores de exclusión y desigualdad social, carreteras muy dañadas, falta de infraestructura de educación y de salud frente a un alto nivel de degradación de la salud, el servicio de agua y electricidad. La implementación de megaproyectos económicos entre ellos la minería “ha acabado con no menos de 250.000 hectáreas de bosque húmedo tropical[7]. Las demandas han sido descalificadas por altos funcionarios el gobierno y la policía nacional argumentando que detrás de la exigencia se encuentra la guerrilla, desconociendo el carácter social de la manifestación.

Desde 1989 la comunidad de Pitalito, en Chimichagua, departamento del Cesar, ha reclamado en 2008 su derecho a la tierra de 193 hectáreas, oponiéndose a la explotación minera. El gobierno en 2009 negó la titularidad de la propiedad bajo el argumento que es una Zona de Reserva Forestal. Sin embargo, en 2010, el empresario palmicultor y ex militar,  Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo[8], presentó un documento “registrado por la oficina de instrumentos públicos”[9]. Posteriormente, con apoyo de la fuerza pública expulsó a las familias, les desplazaron y lo trasladaron esforzadamente en el casco urbano de Curumani. Luego de casi 3 años de desplazamiento forzado, las 17 familias de Pitalito dentro del marco de la política de restitución de tierras de Santos, regresaron a sus tierras a pesar de la persistencia del paramilitarismo. Sin embargo, no se han brindado garantías de seguridad para que la comunidad pueda permanecer en sus tierras y en junio pasado, varios hombres al servicio del supuesto terrateniente, se acercaron al asentamiento construido por la comunidad retornada en el caserío Pitalito e incrementaron las acciones de persecución e intimidación.

En el territorio colectivo de Curvaradó, las familias despojadas por paramilitares en complicidad con agentes estatales desde 1996, para el desarrollo de agronegocios de palma, de ganadería vacuna y bufalina extensiva, coca, extracción minera y destrucción ambiental de la Zona Reserva Forestal. A pesar de resoluciones de la Corte Constitucional desde 2008, los legítimos y legales propietarios de las tierras continúan siendo sometidos a amenazas, a hostigamientos por parte de grupos armados de empresarios y paramilitares, y la explotación y uso de sus tierras de manera ilegal, en medio de una alta militarización. Hace pocos días, la familia Ruiz regresó al territorio luego de un año de desplazamiento forzado por los asesinatos Manuel y Samir Ruiz a manos de paramilitares. A su regreso han sido hostigados, y no han recibido la respuesta de la Unidad de Víctimas acordada. Hemos conocido igualmente que los integrantes del consejo comunitario de Curvaradó y comunidades de Pedeguita y Mancilla, serían blanco de un atentado por parte de paramilitares.

2. El nuevo fuero militar, una equivoca señal para la sociedad

En mayo pasado, el congreso de mayorías del presidente Santos, aprobó el proyecto de ley estatutaria en el que regula el fuero penal militar en diciembre de 2012. Tal decisión consideramos no solamente está en contra del derecho internacional humanitario y desdibuja el derecho internacional de los derechos humanos. El objetivo central de la ampliación del fuero militar limita el marco de los derechos humanos para ampliar y blindar legitimidad y legalidad a las acciones militares, aunque estas impliquen violaciones de derechos humanos. Tal aprobación en contra del derecho internacional presupone que toda acción militar se desarrolla bajo presunción de inocencia del militar y de responsabilidad de los civiles y de sus bienes en actuaciones propias de combatientes. La licitud de todas las actuaciones está detrás de las operaciones para sustraerlas de ser interpretadas como violaciones de derechos humanos. La ley aprobada permite mayores privilegios e inmunidades a miembros de la Fuerza Pública, militares y policías convirtiéndose en un factor de impunidad y de aliento a las violaciones de derechos humanos.

3. Cierre de la democracia institucional

Hemos observado con preocupación el cierre de espacios para partidos y agrupaciones políticas con un nuevo umbral que fortalece a partidos tradicionales y estrecha las posibilidades de representación parlamentaria de otras expresiones. Tales decisiones restringen los derechos a la participación y la libre expresión y a una democracia deliberante. Si bien el Consejo de Estado devolvió la personería jurídica de la Unión Patriótica, un paso importante, la ausencia de garantías para participación plena continúa con serias limitaciones.

A dicha situación se suma al uso doctrinario, no democrático, que viene siendo el enfoque de la política institucional de la Procuraduría General de la Nación. Los pronunciamientos y decisiones han venido favoreciendo la argumentación de absolución para integrantes de la fuerza pública responsables de violaciones de derechos humanos; han limitado el reconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo, entre otros, así como, han negado los derechos electorales de ciudadanos que han votado por sectores opositores a la mentalidad del Procurador General Alejandro Ordóñez.

La destitución de Piedad Córdoba, como senadora por el partido Liberal,  en razón de sus gestiones humanitarias, por la paz y los derechos humanos, con argumentos contra derecho, sin debido proceso y desconociendo las argumentaciones fácticas y jurídicas de su defensa; la posterior destitución de Guillermo Asprilla, desconociendo decisiones penales a manos del mismo disciplinante; la investigación disciplinaria que se adelanta contra el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por el propio Ordóñez, sin garantías judiciales, y la que se ha abierto contra el representante a la cámara, Iván Cepeda Castro, son una expresión desbordada de las funciones de quién deben proteger los derechos de la Nación y del bien público y quién debe deslindar sus convicciones morales del ejercicio de una función pública que requiere sindéresis y una actuación conforme a la Constitución y la Ley.

4. El papel de organismos de supervisión

De acuerdo con medios de información, el presidente Santos indicó ayer que las necesidades de mantener una oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos han ido desapareciendo, lo que supondría que dicha instancia dejaría de estar en el país en un corto o mediano plazo, sugiriendo que se ha superado la grave situación de derechos humanos y derecho humanitario. Nos distanciamos de dicha valoración.

Como lo refleja esta Comunicación Ética, persisten factores de violencia e impunidad, que requieren esa supervisión. Justo si se trata de lograr la reconstrucción de un Estado de Derecho observamos una serie de incumplimientos de las Recomendaciones que dicha oficina ha formulado, la reciente aprobación del fuero militar, es otra manifestación en contravía de la observancia de cumplimiento de estándares en materia de derechos humanos. La decisión de la Comisión Interamericana de apartar a Colombia de uno de sus capítulos de derechos humanos no significa que hay logros en asuntos sustanciales de derechos humanos si no más bien esfuerzos políticos en medio de la debilidad del Sistema Regional de Derechos Humanos, para sostener su legitimidad.

Colombia continúa transitando en dinámicas de violaciones de derechos humanos interiorizadas en prácticas y mentalidades de sectores institucionales, con existencia o sin existencia del conflicto armado y en medio de expresiones sociales que demandan al Estado protección a sus derechos.

Renovar un mandato sin condicionamientos e igualmente el reconocer la importancia de los fallos y medidas del Sistema Interamericano son sustanciales para consolidar una democracia de derechos en Colombia.

Nuestras recomendaciones

Reiteramos nuestro respaldo a la búsqueda de la paz con justicia social y ambiental, deseo de amplios sectores la sociedad colombiana y de la comunidad de naciones del sur de las Américas.

Invitamos al presidente Santos a enviar mensajes contundentes en la construcción del diálogo para cimentar una sociedad incluyente, moderna, donde la totalidad de los colombianos participen de un buen vivir.

Le invitamos a tomar una opción discursiva civilista y por la paz, a explorar frente a los brotes sociales por la crisis rural mensajes de comprensión de la situación y de salidas a través del diálogo. Adoptar medidas concretas de respeto a la legítima expresión social, y medidas eficaces para el logro de titulaciones de predios, y garantías para las víctimas del despojo, así como, para ampliar la participación democrática son fundamentales. El diálogo es para dar sentido a nuevas políticas o reformas institucionales en políticas públicas.

Consideramos respetuosamente, que la mejor forma de consolidar las bases de la paz pasan por el cambio de discurso, por prácticas políticas que desestructuren mentalidades y doctrinas que justifican violaciones de derechos humanos y la militarización de la vida cotidiana.

Los mensajes equívocos como la prolongación de la guerra, y los nuevos mecanismos de exclusión de la expresión política diversa y necesaria, el desconocimiento de derecho a la tierra y la ausencia de protección eficaz a las víctimas para ejercer sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, imposibilitan dar bases a una vida democrática incluyente y transformadora.

Nos preocupan los abusos de poder Nadie puede explicar cómo en el camino hacia la paz, se limita con decisiones contra derecho, la labor política y la expresión de nuevas formas democráticas, por parte del Procurador General de la Nación, desbordado en sus funciones públicas, al que todos le temen o todos están silenciados por compromisos inconfesables.

Invitamos igualmente a las guerrillas de las FARC, del ELN, y del EPL, además, de reiterar su decisión de dialogar, de adoptar medidas concretas de respeto a los civiles.

Al gobierno de Colombia, a las guerrillas, y en particular, a la sociedad y dentro de ellas a las víctimas, dejamos nuevamente en consideración nuestra propuesta de Comisión de la Verdad y nuestras consideraciones sobre la justicia transicional que hemos dado a conocer en comunicaciones anteriores.

A la Fiscalía General de la Nación a adelantar con eficacia judicial las investigaciones sobre militares, empresarios, políticos comprometidos en graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos y dar a conocer los resultados de investigaciones y sanciones contra integrantes del movimiento guerrillero, lo que dará elementos ciertos de factores de impunidad.

Varios países, 17 de julio de 2013

  • · Adolfo Pérez Esquivel
  • · Mirta Acuña de Baravalle (Las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora )
  • · Miguel Alvarez Gándara, SERAPAZ, México
  • · Lorenzo Loncon, pueblo Mapuche, Argentina
  • · Mary Bricker-Jenkins, PhD, Professor Emeritus, Temple University, Campaña de los pobres por los derechos económicos y derechos humanos (Poor Peoples Economic Human Rights Campaign), Estados Unidos
  • · Stephen Haymes, Universidad de Paul, Chicago, Estados Unidos
  • · Soa Watch ( Escuela de las Americas) Elizabeth Ann Deligio
  • · Soa Watch Charity, Tica Font
  • · Eduardo Nachman (Agrupacion Hijos)
  • · Carlos Fazio, catedrático Universidad Autónoma de Méjico - UNAM, Méjico
  • · Comisión Ética contra la Tortura de Chile, Nelson Agustín Aramburu, Secretario Ejecutivo,
  • · Enrique Santiago Romero – Abogado, España
  • · France Amérique Latine, Francia
  • · Comunidad Sto. Tomás de Aquino, España
  • · Gilberto López y Rivas; profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México,
  • · Antonio Pigrau Solé, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Departamento de Derecho Público

[1] Informe para el Examen Periódico Universal de Colombia, Mayo 2013, CCEEU, La Alianza, Asamblea Permanente de la sociedad Civil por la Paz, Plataforma colombiana DDHH.

[2] Incoder, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

[3] Jesús Emilio Escobar hermano y testaferro de Gustavo Escobar, narcotraficante y primo de Pablo Escobar.

[5] Que es el plan de Desarrollo Alternativo y la zona de Reserva Campesina para la reconstrucción y permanencia de la economía en la región de Catatumbo. Noviembre 2012, ASCAMCAT, INCODER, Corporación colectivo de Abogados Luis Carlos Perez

[6] Según el informe Unidades agrícolas familiares tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia de Camilo Gonzales Posso, 2010,

[7] Ibid.

[8] Pertenece a la lista de los 41 beneficiados con los cuestionados subsidios que fueron llamados a interrogatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo175356-los-41-beneficiados-agro-ingreso-seguro-llamados-fiscalia

 

Actualizado ( Lunes, 22 de Julio de 2013 10:33 )