Documentos - Comisión Ética de la Verdad

Jornadas de Madrid,  12-13 de Noviembre

“DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS ANTE LAS CONVERSACIONES DE PAZ en COLOMBIA”

A iniciativa de las organizaciones sociales que en España trabajan cotidianamente por el respeto a los DD. HH. en Colombia, y más en  concreto, a partir de la coordinación entre la  Comisión Ética de la Verdad (representada por la Comunidad Sto. Tomas de Aquino), el MOVICE (Movimiento de víctimas de Crímenes de Estado en Colombia- capitulo Madrid), y las asociaciones de solidaridad con Colombia ASOC-KATIO, XXI Solidario, Plataforma Justicia por Colombia (CEAR; Paz con Dignidad, IEPALA, MUNDUBAT; Ecologistas en Acción, OSPAAAL, Comité Oscar Romero de Madrid) y con el respaldo inestimable del Grupo parlamentario de la Izquierda Plural, se han celebrado en Madrid los pasados días 12 y 13 de Noviembre unas Jornadas de análisis y debate en torno a los “Desafíos de los DD. HH., ante las Conversaciones de Paz entre las guerrillas y el gobierno colombiano”.

El objetivo esencial de las mismas era sensibilizar a los parlamentarios españoles y, a través de ellos, a toda la sociedad a través de la prensa, sobre la situación de  injusticia social,  de usurpación de la tierra a los campesinos, de falta de garantías democráticas para la población, y de violación de derechos humanos que vive gran parte de la población colombiana, en especial las comunidades campesinas e indígenas, y que ha dado lugar al conflicto social y armado que aflige a ese pueblo desde hace 50 años.

El contexto que ha dado fuerza y actualidad a esa denuncia no es otro que el inicio de esos Diálogos de paz abiertos entre el Gobierno colombiano y las guerrillas armadas, en busca de una paz definitiva y duradera. En torno a ese Diálogo de Paz se ha reivindicado con fuerza la participación de la población afectada, así como del movimiento de víctimas y se ha solicitado el apoyo expreso del gobierno español y de la Unión Europea reclamando de ellos una actitud activa, no meramente expectante, en pro de la justicia social que esos ‘Diálogos’ deben contemplar para na solución estable al conflicto armado y social.

En las Jornadas han participado algunos ponentes españoles, pero el mayor peso del análisis ha recaído en personalidades colombianas que trabajan diariamente en organizaciones políticas, de defensa de los derechos humanos y en movimientos populares y campesinos. Así participaron en las Jornadas: Iván Cepeda, diputado del Polo Democrático Alternativo; Javier Giraldo, sacerdote jesuita, defensor de DD.HH. y coordinador del Banco de datos sobre violencia; Marylén Serna, portavoz de la Mesa de Unidad de las organizaciones sociales; Ligia Mª Chaverra, de las Zonas Humanitarias del Curbaradó (su intervención fue leída, dado que finalmente no pudo viajar por negarle la Embajada española el necesario visado) y Roland Higuita, del MOVICE, capítulo Madrid. La esperada asistencia de la ex senadora Piedad Córdoba, potavoz de ‘Colombianxs por la Paz’ se vió frustrada al tener que priorizar su colaboración con las Conversaciones de Paz, en el equipo de apoyo que trabaja desde Venezuela.

Demandas al gobierno español y la UE: No al TLC

En el terreno de las propuestas, se solicitó  un cambio radical de las relaciones entre la UE y Colombia, en particular la No ratificación del ‘Tratado de Libre Comercio’ que la UE podría aprobar antes de finalizar 2012.  Se argumentó con datos fehacientes que dicho TLC hará más difícil la vida en Colombia. Pues, teniendo en cuenta que la inversión extranjera en Colombia se centra en un 90% en la Minería y en los Hidrocarburos, este Tratado, de aprobarse, va a servir para profundizar el modelo minero extractivista ya iniciado (carbón y petróleo) que provoca graves consecuencias ambientales y sociales sobre los territorios y las comunidades, y va a favorecer la obtención neta de beneficios de las empresas europeas, sin reversión alguna sobre la población nativa.  Además se criticó duramente su carácter antidemocrático, pues el tratado ha sido negociado de espaldas a los pueblos afectados.

La situación de pobreza de las comunidades campesinas, afrocolombianos y pueblos indígenas  “de ninguna manera se resuelve con la Hoja de ruta prevista en el TLC. Al contrario, estos megaproyectos mineros, producen un grave impacto ambiental y social sin que las empresas europeas asuman responsabilidad (el Tratado lo deja en el aire),  detraen tierras a la población autóctona, destruyen la soberanía alimentaria y terminan con sus culturas ancestrales.  Por todo ello, los ponentes han reclamado que en las Conversaciones de Paz se detallen las responsabilidades de las empresas petroleras y agroindustriales, así como de los gobiernos, colombiano y de la UE, que han amparado gran cantidad de delitos contra los territorios y sus comunidades. Nunca su impunidad.

Participación de los pueblos en el proceso de paz.

En esa línea de reflexión se situó también la intervención de Marylén Serna, la portavoz del Congreso de los Pueblos (Mesa unitaria de Org. Sociales) que argumentó contundentemente contra la validez de un diálogo de paz que no tuviera presente la voz de los pueblos colombianos.  Pues los diálogos actuales, dijo, son un momento en el proceso de paz, no el proceso mismo. Quedaba así claro que una paz limitada a fijar condiciones exclusivamente para el abandono de las armas, sin asumir a fondo el conflicto social subyacente de falta de justicia y de oportunidades para el pueblo, no serviría de mucho. “No habrá paz sin justicia”,  subrayó.

Ligia María Chaverra,  representante de las comunidades campesinas, denunciaba el proceso de paz por su contradicción con la realidad cotidiana. “El presidente Santos habla de paz, mientras hace la guerra a nuestras comunidades campesinas; habla de paz, pero las tierras que nos han robado siguen en manos de los usurpadores, habla de paz mientras sus espionajes nos impiden vivir… ¡Estamos cansados. Los crímenes de Estado y los acosos empresariales siguen en la impunidad.

Contra la impunidad: justicia y memoria para las víctimas. Dentro del grito contra la impunidad de tantos actores que tienen las manos manchadas de sangre, hubo espacio para recordar a las víctimas: los centenares de miles de víctimas en estos 50 años, los asesinatos (58  líderes populares asesinados en el mandato del presidente Santos), las desapariciones, los desplazamientos forzosos, la enorme cantidad de presos ‘politicos’, los exiliados….,. Sobre ellos se reclamó justicia y verdad: “es urgente la construcción de un relato verídico de la violencia y sus víctimas, de las causas y las consecuencias. La paz sólo se construye con justicia y memoria”

Perspectivas del Proceso de Paz.

En ese marco crítico se situó también el análisis histórico de los ‘procesos de paz’ llevados a cabo  en Colombia a lo largo de los últimos 30 años, que presentó Javier Giraldo. Diferenció dos modelos de negociación: a) el modelo desmovilización de insurgentes, sin abordaje de reformas sociales profundas; y b) el modelo inclusivo, que ha sometido a  negociación  una Agenda de reformas, más o menos profundas.

A pesar de constatar que sólo el primer modelo ha tenido históricamente más éxito, saludó con entusiasmo cómo en el momento actual se pone sobre la mesa el segundo de los modelos, pues en las conversaciones previas ya se ha aceptado una agenda de negociaciones que incluye temas de calado estructural, como son:

a) El problema de la tierra (de las tierras arrebatadas, la propiedad de la tierra y, sobre todo el desarrollo rural integral, la seguridad alimentaria y la economía solidaria.. Aquí se ubican reformas que cambiarían el modelo económico del país);

b) lnclusión en la vida política de los insurgentes;

c) la finalización del conflicto armado en todas sus dimensiones (reinserción de combatientes, garantías de seguridad, fin del paramilitarismo, etc);

d) El cultivo de drogas (desaparición de los cultivos, denuncia del tráfico, etc.);

e) La Reparación de las víctimas. (asunto de máxima dificultad, sabiendo que un 80% de las víctimas lo son por crímenes del Estado y un 20%, por actuación de las FARC);

f) La Verificación de los Acuerdos

Dada la envergadura de las cuestiones a negociar, el ponente subrayó las dudas que se suscitan, porque las diferencias existentes entre las partes son enormes, y porque se resulta evidente que casi nada ha cambiado en el marco de las instituciones del Estado.   En este sentido destacó dos fenómenos muy negativos: A) Que el control del Estado sigue en manos del narcotráfico y del paramilitarismo, que tienen la facultad de seguir controlando tanto al Parlamento como al Sistema judicial;  B) Que la desmovilización del paramilitarismo proclamada en los últimos meses del presidente Uribe se ha evidenciado como una falsedad. De hecho, parece que la ley aprobada ha servido para legalizar a las estructuras paramilitares más  poderosas. En las últimas semanas se ha sabido que “hay directrices del Fiscal Gral. de la Nación que apuntan a que toda la responsabilidad de los actos delictivos se quieren concentrar en unos pocos casos de ‘altos responsables’ a quienes más tarde se amnistiaría, dejando en la impunidad a todos los demás”.

Así que, el proceso de paz que se acaba de abrir alberga muchas expectativas, pero los hechos de la vida política cotidiana, los niveles de impunidad vigentes y la persistente violación de DD. HH. obligan a una actitud muy cautelosa, y a no olvidar nunca a las víctimas en sus diferentes formas de padecimiento. Pues un proceso de paz sólo se construye con justicia, memoria y reparación